Una reciente resolución firmada por el juez Francisco Astoul Bonorino reabrió el debate político y jurídico sobre los conflictos de tierras en la Cordillera. El magistrado rechazó la acción reivindicatoria presentada por los herederos de la familia Burd, quienes reclamaban la restitución de una fracción del antiguo Lote Pastoril N.º 9 en Villa La Angostura. Aunque la sentencia reconoció expresamente que la titularidad registral y las escrituras del inmueble pertenecen a los demandantes privados, el juez determinó que no corresponde ordenar la expulsión del lugar debido a la situación social consolidada —donde residen actualmente entre 50 y 60 familias— y a que el Estado aún no concluyó de manera definitiva el proceso administrativo del relevamiento técnico dispuesto por la Ley 26.160.

Tras conocerse el fallo, el werken de la comunidad mapuche Paicil Antriao, Lorenzo Loncon, ofreció una entrevista a la emisora FM Andina en la que respaldó la interpretación del juzgado y reivindicó la legitimidad del asentamiento. "La verdad histórica que venimos diciendo las distintas comisiones directivas de la comunidad siempre ha sido la misma. La comunidad tiene el papel más viejo, el papel de 1902 que entregó el mismo presidente Roca", aseveró el vocero. En ese sentido, Loncon diferenció el valor de un título de propiedad sobre el papel frente a la ocupación real del suelo: "La familia compró un papel con indígenas adentro. Compraron un papel, pero nunca hicieron posesión. Nosotros tenemos la posesión y nunca abandonamos el Lote Pastoril N.º 9. Siempre van contra los pueblos indígenas porque dicen que no tienen papeles, pero los papeles existen".

El representante comunitario apuntó directamente contra las demoras del Poder Ejecutivo provincial y de los organismos nacionales para oficializar la carpeta técnica del sector. Loncon remarcó que la comunidad ya atravesó tres instancias de medición —el relevamiento autónomo y las evaluaciones oficiales realizadas en 2015 y 2020—, por lo que la resolución del conflicto depende exclusivamente de una decisión política. "Es un problema político e histórico. No terminaron el relevamiento territorial y ahora la Justicia dice que no puede resolver definitivamente. Los políticos no prestaron atención a los derechos humanos de los pueblos indígenas", cuestionó, al tiempo que remarcó que la comunidad solo exige la regularización de las hectáreas que ocupa de forma efectiva y no de áreas integradas a la trama urbana de la localidad.

Finalmente, el werken se refirió a las gestiones de servicios y a otros expedientes judiciales que pesan sobre la zona, como el caso del Camping Correntoso donde la Corte Suprema de Justicia dejó firme una orden de desalojo. Sobre este último punto, Loncon ratificó la desconfianza de la comunidad hacia el máximo tribunal nacional y anticipó que recurrirán a tribunales internacionales de derechos humanos. En paralelo, desmintió que las familias se opongan a la integración municipal del barrio: "La comunidad nunca se ha negado a pagar ninguna tarifa. La gente paga la luz. Si hay que pagar los servicios, pagamos, nunca hemos dicho que no", concluyó, a la espera de que el Gobierno de Neuquén entregue la resolución definitiva que ponga fin a casi dos décadas de litigio.