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La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas, emitió una advertencia a escala global tras confirmar que el fenómeno de El Niño continuará su fase de intensificación hasta alcanzar la categoría de "muy fuerte". De acuerdo con los modelos proyectados por la entidad, existe una certeza cercana al 100% de que el evento meteorológico permanezca activo al menos hasta febrero de 2027, generando repercusiones climáticas que condicionarán las temperaturas y las precipitaciones a nivel mundial durante todo ese año.

Las estimaciones oficiales indican que el episodio alcanzará su pico de mayor intensidad hacia finales del corriente año. Al respecto, la secretaria general de la OMM, la meteoróloga argentina Celeste Saulo, remarcó la gravedad del escenario al señalar que el fenómeno "está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses", advirtiendo además que el ciclo en desarrollo "podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo" hace más de cuarenta años.

El recrudecimiento de este patrón climático provocará severas alteraciones en el clima global, multiplicando los riesgos asociados a sequías prolongadas, olas de calor extremo e inundaciones torrenciales. Los técnicos del organismo identificaron áreas prioritarias de afectación:

Sector agrícola: Modificación en las etapas de siembra y cosecha, lo que amenaza el rendimiento de los principales cultivos y la estabilidad de la seguridad alimentaria mundial.

Patrones de precipitación: Fluctuaciones extremas que alternarán precipitaciones torrenciales e inundaciones en determinadas cuencas con severos déficits hídricos en otras regiones.

Marcas térmicas: Aumento sostenido de la temperatura media global y una recurrencia superior de olas de calor de alta intensidad.

Ante este diagnóstico, desde la cúpula de la OMM subrayaron el valor de los sistemas de pronóstico y alerta temprana. La anticipación de estos fenómenos busca brindar a los Estados y a los sectores productivos las herramientas necesarias para activar protocolos de contingencia, mitigar las pérdidas socioeconómicas y resguardar a las comunidades expuestas a eventos climáticos adversos.