Un estudio elaborado por el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) expuso la magnitud de la contracción laboral en el país. De acuerdo con el documento, elaborado sobre la base de registros oficiales, la cantidad de asalariados formales vinculados a unidades productivas experimentó una retracción del 3,45%, lo que se traduce en la pérdida de 339.841 puestos de trabajo al descender de 9.857.173 a 9.517.332 operarios. Este retroceso equivale a la baja de 400 empleos por jornada.
El panorama se agudiza al consolidar el universo de las unidades productivas con el personal de casas particulares. Bajo este indicador amplio, el empleo privado registrado sufrió una merma de 370.487 personas, pasando de 10.486.833 a 10.116.346 trabajadores. La media de esta estadística arroja la destrucción diaria de 435 puestos regulados. El informe asocia esta dinámica a variables combinadas como la recesión económica, la quita de subsidios estatales, la apertura de importaciones y un desplazamiento de la fuerza laboral hacia la informalidad. En paralelo, el tejido empresarial sufrió la baja de 26.448 firmas en todo el territorio nacional.
El mapa de la contracción por sectores
La caída de la actividad no afectó a todos los rubros por igual, concentrándose el mayor impacto en sectores estratégicos:
Construcción: Se consolidó como el sector más golpeado en términos absolutos y relativos, con una reducción de 81.425 operarios (un desplome del 17,1%).
Industria manufacturera: Registró la pérdida de 79.263 puestos de trabajo.
Administración pública, defensa y seguridad social: Evidenció una disminución de 67.312 empleos.
Transporte y almacenamiento: Presentó una baja de 64.660 puestos (un retroceso del 12%).
Casas particulares: El segmento de empleadas domésticas —considerado un indicador sensible del gasto en los hogares— acusó la pérdida de 30.646 puestos registrados, al contraerse de 629.660 a 599.014 personas (cerca de 36 bajas diarias).
Radiografía de las crisis corporativas emblemáticas
La conflictividad gremial se extendió a diversas firmas del país, dejando historias de alto impacto social y productivo:
El caso ILVA
La fábrica de cerámicas paralizó sus operaciones, lo que afectó de forma directa a unos 300 empleados. El conflicto escaló con acampes en la planta de Pilar, reclamos por haberes adeudados e indemnizaciones no percibidas, y la suspensión de coberturas de obras sociales para tratamientos complejos. El desgaste socioeconómico derivó en el suicidio de uno de los operarios despedidos. Actualmente, la situación de la firma se tramita en el Juzgado 13 de la Ciudad de Buenos Aires para definir su futuro jurídico.
Textilana (Mauro Sergio)
La tradicional marca textil con base en Mar del Plata enfrenta un pasivo superior a los 5.200 millones de pesos y pérdidas por 650 millones de pesos. Su nómina de personal sufrió un drástico recorte, reduciéndose de 800 trabajadores a una dotación actual de solo 200 empleados.
ALPAT (Río Negro)
La firma radicada en la Patagonia ejecutó un nuevo esquema de cesantías. La situación genera incertidumbre generalizada dado el carácter estratégico de la planta, siendo la única instalación en América Latina dedicada a la producción de carbonato de sodio, insumo crítico para la cadena del vidrio, detergentes y baterías de litio.
Suspensiones y despidos tecnológicos
El freno en el consumo también impactó en firmas de gran envergadura como Electrolux, que determinó la suspensión de 400 operarios en su sede de Rosario, y Newsan, que efectivizó más de 150 despidos en sus terminales de Tierra del Fuego.
