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El panorama judicial del exdiputado nacional José Luis Espert se complejizó tras un dictamen del Ministerio Público Fiscal. El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó de manera formal el llamado a declaración indagatoria del dirigente liberal en el marco de una investigación penal por presunto lavado de activos por un monto estimado en USD 200.000, causa que lo vincula directamente con el empresario Federico “Fred” Machado, quien purga una condena en los Estados Unidos por delitos de fraude y narcotráfico.

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En una jornada marcada por las fuertes disputas cruzadas y la presión sobre el Poder Ejecutivo, el oficialismo logró destrabar un punto neurálgico de su agenda legislativa. En la Cámara de Diputados, las comisiones de Presupuesto, Industria, y Ciencia y Tecnología emitieron dictamen de mayoría para el proyecto denominado "Súper RIGI", una iniciativa que extiende los incentivos del régimen original hacia sectores industriales que aún no se han consolidado en el entramado productivo local. Con este esquema, la administración central apunta a captar inversiones superiores a los USD 1.000 millones mediante un paquete de exenciones fiscales.

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La actividad en la Cámara Alta ingresó en un escenario de máxima tensión política. Los bloques denominados "dialoguistas" manifestaron su predisposición para avalar la suspensión de la sesión ordinaria programada para este jueves, aunque lanzaron una severa advertencia al Poder Ejecutivo: si durante la próxima semana no se desplaza de su cargo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumarán sus votos al peronismo para avanzar con una interpelación y una moción de censura.

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El lobbista Mauricio Novelli, investigado en el marco de la causa judicial vinculada a la criptomoneda $LIBRA, solicitó formalmente dejar fuera del expediente a los inversores que se presentaron como querellantes. El empresario y su equipo legal argumentaron ante los tribunales que los demandantes no lograron probar la existencia de un ardid o engaño, un requisito indispensable para que un hecho sea tipificado penalmente como estafa.

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El Poder Ejecutivo Nacional implementó una reconfiguración en el sistema de haberes de los miembros de las Fuerzas Armadas con el propósito de jerarquizar la capacitación profesional dentro del ámbito castrense. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, se dispuso la creación de un beneficio económico específico ligado a la instrucción y titulación oficial de los uniformados.

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