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La Casa Rosada reactivó su agenda de negociaciones con las provincias con el propósito de blindar un paquete de reformas estructurales en el Congreso de la Nación. El encargado de centralizar esta nueva etapa de diálogo institucional es el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien planifica una ronda de consultas con los mandatarios provinciales en el corto plazo. El funcionario busca capitalizar el primer acercamiento informal sostenido con varios gobernadores el día de su asunción, posicionándose como el principal articulador político del presidente Javier Milei.

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Las estructuras del oficialismo en el litoral quedaron en el centro de los cuestionamientos tras la realización de una jornada de apoyo político a Manuel Adorni dentro de las instalaciones de una sede entrerriana del PAMI. El cónclave partidario buscó blindar al exjefe de Gabinete, quien recientemente debió abandonar su función pública en medio de las repercusiones por una investigación judicial que rastrea un presunto enriquecimiento ilícito.

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El futuro de la causa Libra se encuentra bajo análisis en la Cámara Federal porteña, en medio de intensas negociaciones que involucran los pliegos de designación de magistrados clave y un eventual rediseño de mayorías en los tribunales de Retiro. La Casa Rosada busca asegurar una resolución favorable que ratifique el apartamiento de las querellas dispuesto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, una medida que mantiene congelada la investigación que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano.

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El reciente desplazamiento sin notificación del patrullero oceánico HMS Medway por espacios marítimos bajo jurisdicción de la República Argentina reabrió el debate sobre los protocolos de seguridad y la política exterior oficial en la región austral. El episodio pone bajo análisis el grado de cumplimiento de los pactos de confianza militar recíproca sellados en la posguerra y expone el soporte logístico con el que el Reino Unido sostiene su despliegue militar en torno a las Islas Malvinas.

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El juzgado a cargo de Luis Armella dispuso la ejecución de diversos requerimientos técnicos enfocados en la situación económica de Priscila Diana Ferrante, sobrina de la conductora televisiva Jésica Cirio. El propósito de la medida judicial es radiografiar sus activos para determinar si actuó como prestanombre o testaferro de la modelo, del exfuncionario Martín Insaurralde o de quien fuera su concubino, el empresario Ariel Heber Russo.

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