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La petrolera de bandera argentina, YPF, se encuentra en el centro del debate público tras conocerse la estructura salarial de su Directorio para el ciclo 2026. Según documentos oficiales de la compañía aprobados el pasado 8 de abril, los directores políticos se han asignado una remuneración anual promedio que alcanza los US$ 954.000. El dato cobra especial relevancia debido a la naturaleza del cargo: una función que, en la práctica, demanda apenas unas cuatro horas de dedicación mensual.

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En el marco de las reuniones de primavera en la capital estadounidense, el Ministro de Economía, Luis Caputo, ha desplegado una hoja de ruta que va más allá de la tradicional revisión de metas con el FMI. La apuesta es ambiciosa: utilizar la solvencia de los organismos multilaterales para "comprar" una baja de tasas que el mercado voluntario aún se resiste a concederle a la Argentina.

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La Federación Argentina de Municipios (FAM) analiza denunciar penalmente al Ministro de Economía por malversación de caudales públicos. Denuncian que más de un billón de pesos destinados a rutas nacionales terminaron financiando el "carry trade" y la especulación financiera.

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El juez federal Ariel Lijo reactivó la causa que investiga el direccionamiento de contratos en el programa Incluir Salud. El exdirector Diego Spagnuolo encabeza la lista de funcionarios y empresarios llamados a declarar por un esquema de simulación de competencia.

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A veinticinco años del colapso financiero que marcó a fuego la historia argentina, la administración de Javier Milei se dispone a cerrar el último capítulo de la deuda en default de 2001. En las próximas horas, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley clave para autorizar el pago a los fondos Bainbridge Fund y Attestor, los últimos "holdouts" que aún mantienen sentencias firmes contra el país en los tribunales de Nueva York.

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