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El frente judicial de la Casa Rosada sumó una nueva derivación tras la apertura de una investigación preliminar centrada en el manejo de los fondos de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. Los tribunales federales comenzaron a examinar los expedientes de una compulsa pública de alrededor de $700 millones destinada a los servicios de parquización y sistemas de irrigación de la Casa de Gobierno y la Residencia Presidencial de Olivos.

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El origen de la evolución de los bienes del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó un nuevo frente de controversia en los tribunales. Un rastreo de expedientes reveló que el funcionario nacional y su hermano Francisco (actual legislador bonaerense) recurrieron a la Justicia a fines de 2023 para solicitar la prescripción de un pasivo hipotecario por USD 22.500 que afectaba a una propiedad heredada en la ciudad de La Plata.

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La tensión en la cúpula del poder político nacional sumó un capítulo de alta hostilidad tras una serie de pronunciamientos públicos emitidos por la vicepresidenta Victoria Villarruel. A través de sus plataformas digitales, la titular del Senado lanzó cuestionamientos de grueso calibre contra figuras clave del andamiaje gubernamental de Javier Milei, concentrando sus críticas en la gestión del exministro de Defensa, Luis Petri, y objetando severamente las reformas en seguridad impulsadas por Patricia Bullrich.

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El Gobierno nacional acelera el tratamiento de su nueva reforma para el sector energético. La iniciativa, que ya cuenta con despacho de comisión en la Cámara de Diputados, contempla una profunda reconfiguración del esquema de asistencia pública a través de dos ejes simultáneos: la virtual eliminación del beneficio por "Zona Fría" para millones de usuarios residenciales y, en contrapartida, la condonación de los pasivos que las empresas de distribución eléctrica mantienen con Cammesa, la firma mayorista del mercado. La Presidencia de la Cámara Baja fijó una sesión especial para este miércoles 20 de mayo con el fin de convertir el texto en ley.

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Un informe técnico presentado ante la Justicia por el Ministerio de Salud de la Nación reveló un complejo entramado de irregularidades en los pagos efectuados a contratistas de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La auditoría oficial, que examinó un total de 505 carpetas administrativas por un movimiento de fondos global superior a los $18.300 millones, denunció la existencia de "desvíos críticos" y sobrefacturaciones que, en apenas dos operaciones puntuales, alcanzaron los $652 millones, una cifra equivalente al valor de 1.900 pensiones no contributivas vigentes.

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