El regulador del mercado estadounidense acusó recibo formal de la presentación radicada por el abogado Gregorio Dalbón contra la autoridad monetaria nacional y el Deutsche Bank.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ratificó oficialmente la recepción de la denuncia vinculada al manejo del oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El documento fue radicado a través de la Oficina del Denunciante del organismo regulador norteamericano mediante un formulario TCR, mecanismo previsto en la Ley Dodd-Frank para poner bajo alerta a las autoridades financieras de ese país sobre eventuales transgresiones al marco normativo bursátil federal.

La presentación fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón e involucra de manera directa a la cúpula de la entidad presidida por Santiago Bausili y a la firma financiera internacional Deutsche Bank. El trámite se radicó en carácter de informe de parte y sin pretensión de recompensa económica, replicando los fundamentos de la querella penal radicada en la Argentina dentro del Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención de la Fiscalía N° 11 de Eduardo Pollicita.

El eje central de la acusación pone el foco en la actuación del Deutsche Bank como supuesta contraparte privada en las operaciones de cobertura del metal precioso. Según trascendidos vertidos en la presentación judicial, las maniobras habrían involucrado la venta de opciones de compra de oro a valores sustancialmente inferiores a las cotizaciones de mercado vigentes. Asimismo, el escrito insta a investigar el destino y monto final de las comisiones u honorarios percibidos por los intermediarios —que estimaciones públicas ubican por encima de los 60 millones de dólares—, al tiempo que señala eventuales conflictos de interés vinculados a los antecedentes profesionales de los funcionarios en la citada entidad alemana.

Ante el riesgo de supresión o alteración de datos estratégicos, la querella solicitó en el plano local la ejecución de inspecciones judiciales y el secuestro de los servidores del Banco Central. La medida incluye el acceso a las cuentas de correo electrónico institucional de la Presidencia, el Directorio y las áreas técnicas de reservas y legales correspondientes al período 2024-2025, con el propósito de reconstruir los antecedentes de la negociación de los contratos y la cadena de responsabilidades en la toma de decisiones.