Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió sobre un severo desfinanciamiento del sistema jubilatorio nacional a partir de diciembre, como consecuencia de la aceleración del empleo no registrado y el inicio de la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según el estudio técnico, la combinación de ambos factores generará una sangría en la recaudación estimada en $7,8 billones en un plazo de doce meses —a valores proyectados a noviembre de 2026—, cifra equivalente a unos USD 5.065 millones.

El economista Hernán Letcher, director de la entidad, remarcó la gravedad del cuadro al sostener que la tendencia compromete de manera sustancial la sustentabilidad de la seguridad social en el corto y mediano plazo.
Mermas por informalidad y el desvío de aportes hacia el FAL

El diagnóstico expone dos vías principales de erosión de los ingresos de la ANSES y los organismos de la seguridad social:

Inconsistencia en los aportes: Durante el primer trimestre de 2026, sobre un universo superior a los 13,4 millones de ocupados, únicamente el 45,2% (poco más de 6 millones de personas) efectúa contribuciones al sistema previsional. La suma de trabajadores informales y sin registro alcanza al 54,5% del total, lo que genera un déficit anual de $3,3 billones (USD 2.161 millones), representando una pérdida del 5,3% de lo recaudado por aportes y contribuciones.

Impacto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Diseñado en el marco de la reforma laboral para la cobertura de indemnizaciones, el fondo se financiará detrayendo un 2,5% de las contribuciones patronales de MiPyMEs y un 1% del resto del sector privado. Estos recursos, que antes fortalecían al SIPA, al PAMI, al Fondo Nacional de Empleo y a las Asignaciones Familiares, representarán un desvío de $4,3 billones en su primer año de vigencia (diciembre 2026 a noviembre 2027), abarcando el 57% del hueco fiscal proyectado. En los primeros dos años, el drenaje acumularía casi $9 billones.

Proyecciones a futuro y el desafío demográfico

De cara al período comprendido entre diciembre de 2027 y noviembre de 2028, el CEPA proyecta que la pérdida por la instrumentación del FAL se elevará a $4,7 billones anuales, con picos mensuales en los períodos de pago de medio aguinaldo. A este escenario de mayor monotributización, destrucción de empleo formal y merma distributiva, se le adiciona la presión demográfica señalada por la consultora IDESA.

Actualmente, las erogaciones previsionales representan el 6,8% del PBI nacional —alcanzando el 8,9% al sumar las cajas provinciales— y se prevé un incremento adicional del 1% del PBI hacia el año 2050. Analistas del sector advierten que la falta de aportantes obligará al Tesoro a recurrir sistemáticamente a rentas generales para sostener esquemas de cobertura básica como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).