En un acelerado y convulsionado acuerdo extraordinario concretado este viernes por la mañana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió frenar los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023. De esta manera, el máximo tribunal restituyó temporalmente la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, blindando nuevamente las restricciones que limitan la compra de inmuebles rurales por parte de capitales extranjeros.
La trastienda de una votación dividida
La convocatoria de urgencia fue dispuesta anoche por el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, ante una acción cautelar impulsada de forma conjunta por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
Como el tribunal no alcanzó la unanimidad necesaria entre sus miembros titulares —con un voto en disidencia por parte de Carlos Rosenkrantz—, debió recurrir a un mecanismo de desempate con la designación de conjueces.
Finalmente, la resolución de suspender los efectos del polémico artículo contó con las firmas de Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña (de la Cámara Federal de Casación Penal) y Juan Ignacio Pérez Curci (de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza). El freno tendrá validez hasta tanto el juzgado federal competente de Bariloche analice el fondo de la legitimación de los actores y se expida sobre la medida cautelar definitiva.
Los argumentos ambientales y el reclamo original
El litigio se remonta a diciembre de 2023, cuando los demandantes presentaron un amparo colectivo ante la Justicia federal de Bariloche para declarar la inconstitucionalidad de la norma firmada por el presidente Javier Milei.
En sus presentaciones, los denunciantes advirtieron que la derogación de la Ley 26.737 vulneraba de manera directa el artículo 41 de la Constitución Nacional, al poner en riesgo el uso racional de los recursos naturales, el equilibrio ecológico y la protección de la biodiversidad en zonas estratégicas del territorio nacional. Con este fallo de la Corte, las salvaguardas legales que regulaban la extranjerización de la tierra vuelven a cobrar plena vigencia en todo el país.
