La situación judicial y parlamentaria del diputado nacional Juan Grabois experimentó un marcado recrudecimiento en las últimas horas, combinando un revés en los tribunales federales con una ofensiva institucional en el Congreso de la Nación.
Por un lado, la Cámara Federal confirmó su procesamiento en una causa penal y, por el otro, sectores legislativos promovieron un procedimiento disciplinario que podría derivar en la destitución de su banca.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal desestimó los recursos de apelación interpuestos por la defensa técnica del referente social y ratificó el procesamiento dictado en su contra por los sucesos registrados el 7 de junio de 2025 en el edificio del ex Instituto Juan Domingo Perón, situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Junto con la confirmación de los delitos de usurpación y resistencia a la autoridad, el tribunal ratificó un embargo preventivo de cinco millones de pesos sobre los bienes del legislador.
Fundamentos judiciales y pedido de remoción parlamentaria
De acuerdo con el fallo suscripto por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, se consideró acreditada la convocatoria pública realizada por Grabois para forzar el ingreso al inmueble —clausurado administrativamente mediante el Decreto 346/25—, así como su negativa a acatar la orden de desalojo impartida por las fuerzas de seguridad durante el operativo del Ministerio de Capital Humano. Esta resolución deja al dirigente social a un paso de la elevación a juicio oral.
En simultáneo al avance judicial, el diputado nacional Sergio Capozzi formalizó un proyecto para activar un proceso disciplinario en la Cámara baja a raíz de los graves cruces verbales y altercados protagonizados por Grabois durante una reciente sesión parlamentaria.
La iniciativa, que contempla la intervención de la Comisión de Asuntos Constitucionales, busca evaluar si las agresiones verbales configuran causal de remoción por inhabilidad moral, abriendo un nuevo foco de tensión política en el recinto.
