Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fueron este miércoles el centro de una masiva protesta en pleno centro de San Martín de los Andes.
El escrache se desarrolló a partir de las 17 frente al hotel ubicado sobre la calle Roca —en diagonal al edificio municipal y frente a la iglesia local—, donde se hospedan los magistrados en el marco del Vigésimo Sexto Encuentro de Jueces de Tribunales Orales.
La movilización fue convocada de manera espontánea por seccionales locales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), ATEN, organizaciones sociales como Patria Grande y el Partido Obrero, además de numerosos vecinos. Ante la llegada de los manifestantes, que cortaron el tránsito vehicular en la zona, las inmediaciones del establecimiento hotelero quedaron bajo un riguroso operativo de seguridad desplegado por efectivos de la Policía provincial y de la Gendarmería Nacional.
Reclamos gremiales y el repudio al fallo sobre la extranjerización
Desde la conducción sindical local destacaron que la concentración se llevó a cabo de manera pacífica sobre las arterias y veredas céntricas. Sin embargo, las expresiones críticas hacia el tribunal nacional escalaron a nivel nacional.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente a los magistrados firmantes de la resolución: «Estos tipos designados por decreto usurparon el Poder Judicial. Son empleados de las corporaciones.
No es una Corte Suprema, es una Corte Sumisa al poder real. Emitieron un fallo a medida de los Lewis y los Benetton.
A donde vayan los iremos a buscar». La tensión institucional se originó a partir del fallo dictado por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, mediante el cual se revocó la sentencia que declaraba la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
El máximo tribunal argumentó la ausencia de un caso o controversia jurídica y la falta de legitimación procesal de la entidad demandante para cuestionar la derogación de la Ley de Tierras Rurales, aunque aclaró que la resolución no emite juicio sobre la validez constitucional de fondo de la norma que habilita la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.
