La remoción de Hugo Berozzi de su cargo en el Fondo de Garantías de San Juan, tras seis años de servicio técnico, desencadenó un vertiginoso debate sobre la letra chica del proyecto cuprífero Vicuña y los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El desplazamiento del profesional se efectivizó días después de que hiciera público un informe de auditoría sobre el acuerdo de 57 páginas ratificado por la Legislatura sanjuanina para la megaexplotación del yacimiento.

En su análisis, Berozzi cuestionó el esquema económico convenido para los próximos 71 años de operación. El economista señaló que, mientras la legislación nacional autoriza a las provincias a fijar hasta un 5% de regalías sobre el valor boca de mina para nuevos desarrollos, San Juan optó por establecer un techo del 3%. Según sus proyecciones, formuladas bajo una tasa de descuento del 9,2%, cada punto porcentual de regalía resignado representa para las arcas provinciales un impacto equivalente a 491,2 millones de dólares a valor presente. Asimismo, objetó la percepción de 250 millones de dólares para infraestructura presentados como un logro de gestión por el gobernador Marcelo Orrego, al interpretarlos como una compensación anticipada que exime a la empresa de futuras obligaciones tributarias adicionales.

La respuesta del gobierno sanjuanino fue inmediata. Desde el Ejecutivo desmintieron las estimaciones de Berozzi y aclararon que los 250 millones de dólares constituyen un fondo no reembolsable y de libre disponibilidad a partir de 2026, el cual no invalida el cobro de las regalías del 3% ni la percepción de una contribución extra del 1,5% a partir del sexto año de explotación. Las autoridades fundamentaron la conveniencia del cobro por adelantado rememorando la frustrada experiencia con el proyecto Pascua-Lama, donde los desembolsos condicionados al avance de obra quedaron truncos tras la parálisis del emprendimiento.

El proyecto Vicuña, encabezado por la alianza entre BHP y Lundin Mining, contempla un desembolso proyectado de 9.700 millones de dólares para el desarrollo de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Sin embargo, el caso dejó al descubierto fricciones en otros frentes de la economía regional y nacional:

Disputa por la infraestructura energética: La asignación prioritaria a Vicuña del 90% de la capacidad de transporte remanente en la línea de alta tensión Nueva San Juan-Rodeo —obra ejecutada con recursos públicos— desató el reclamo de otras compañías mineras (Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán) y del ente regulador provincial, ante el riesgo de saturar el tendido eléctrico y bloquear la factibilidad de otros proyectos productivos en la región.

Importaciones vs. proveedores locales: La decisión de la minera de adjudicar la construcción del campamento modular Batidero a un consorcio chino (PowerChina) por 52 millones de dólares provocó duras críticas de la industria metalúrgica argentina. Los fabricantes nacionales estimaron que la producción local de los módulos hubiese generado entre 400 y 500 puestos de trabajo directos, frente a las apenas 50 posiciones logísticas que requerirá el ensamblado de las estructuras importadas.

A la par de estos cuestionamientos, la flexibilización de los controles aduaneros dictada por la Secretaría de Minería para bienes de capital usados y el vertiginoso aumento en las importaciones bajo el amparo del RIGI reencendieron las alarmas del sector industrial. El caso sanjuanino evidencia la brecha entre los compromisos de inversión proyectados a largo plazo y la tensión inmediata sobre la recaudación fiscal, el empleo local y la infraestructura pública.