Un fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal determinó que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) deberá afrontar el pago de honorarios por un monto equivalente a casi 10 millones de dólares —alrededor de 13.614 millones de pesos— destinados a los abogados defensores de los imputados en el fuero civil del caso Vialidad, entre ellos los letrados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La resolución judicial se produjo tras declararse la caducidad de la instancia por la parálisis del expediente promovido por el propio organismo estatal.La demanda civil resarcitoria había sido promovida en 2018 con un reclamo inicial de $22.300 millones para reparar los daños patrimoniales derivados de las irregularidades en la obra pública vial de Santa Cruz.
Sin embargo, la falta de impulso procesal a lo largo de las sucesivas gestiones de la DNV derivó en la aplicación de la perención de instancia dictaminada por la Sala III de la Cámara, resolución que conllevó la imposición de costas judiciales a la parte actora.El fallo distribuyó las regulaciones entre doce profesionales intervinientes bajo el sistema de Unidades de Medida Arancelaria (UMA), contemplando tanto a defensores de exfuncionarios condenados en el fuero penal como absueltos:
Representantes con mayores honorarios: Miguel Ángel Arce Aggeo, letrado de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibañez, percibirá la regulación más elevada, tasada en $3.714 millones (unos US$ 2,4 millones) al incluir el adicional por apoderamiento.
Defensas de exfuncionarios y absueltos: Los abogados Mariano Fragueiro Frías (defensor de René Garro) y Mario Fernando Ganora recibirán $1.857 millones cada uno. Asimismo, las parejas de letrados de Nelson Periotti, Abel Fatala y José López percibirán $1.326 millones por equipo legal, mientras que la defensa de Raúl Pavesi alcanzará los $1.325 millones.
Patrocinantes de Cristina Fernández de Kirchner: Quienes articularon el planteo de perención procesal, Luis Goldín y Fernando Muriel, obtuvieron una regulación conjunta de $880,9 millones (US$ 575.764).Pese a la regulación firme dictada en abril de 2026, la ejecución de las sumas se encuentra en pausa cautelar.
Los camaristas Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier dispusieron congelar los desembolsos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina un recurso de queja presentado por los apoderados del Estado nacional. Ante este estancamiento, los abogados de la exmandataria acudieron directamente al Máximo Tribunal solicitando la liberación inmediata de las partidas argumentando una privación efectiva de justicia.
