El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, encabezó una extensa y detallada exposición ante el Concejo Deliberante local en el marco de una Sesión Especial —convocada por solicitud del propio Departamento Ejecutivo— con el propósito de desarticular los seis cargos presentados por una vecina para promover su suspensión e inicio de juicio político. Respaldado en las afueras del edificio municipal por comisiones vecinales, entidades deportivas, referentes de cultos y gremios como ATE y la UTA, el jefe comunal ingresó al recinto acompañado por su equipo de secretarios y presentó abundante documentación técnica compilada en expedientes y cajas que fueron puestas a disposición de los concejales.

Saloniti reclamó "rigor conceptual y administrativo" al cuerpo legislativo antes de evaluar la viabilidad del proceso destitutorio y remarcó que las dificultades inherentes a la gestión pública no pueden ser transformadas de manera automática en causales de responsabilidad política.

Durante las casi cuatro horas de intervención, el mandatario comunal abordó uno a uno los puntos de la acusación. Respecto al estado del sistema de saneamiento y el impacto sobre el Lago Lácar, descartó un colapso operativo apoyándose en informes de la Cooperativa de Agua Potable y repasó la ejecución de más de 1.552 millones de pesos destinados a infraestructura, incluyendo un aporte provincial no reintegrable de 128 millones de pesos para las plantas PTE-1 y PTE-3, junto a inversiones proyectadas en el barrio Aitué por más de 951 millones de pesos. En relación con la deuda contraída con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), explicó que el desfasaje financiero se profundizó en 2024 cuando el Municipio debió asumir la cobertura eléctrica del bombeo de agua y el costo del alumbrado público, remarcando que de los 286 medidores registrados, la abrumadora mayoría corresponde a servicios esenciales, bombeos de agua, plazas y loteos sociales heredados de gestiones anteriores y ordenados bajo la actual administración.

En lo relativo al orden de las instituciones y las competencias normativas, Saloniti negó de manera enfática haber desobedecido cautelares del Tribunal Superior de Justicia en torno al Convenio Colectivo de Trabajo, distinguiendo el debate sobre la constitucionalidad de una ordenanza del acatamiento de las resoluciones judiciales. Asimismo, al referirse al control ambiental en el Cerro Chapelco, argumentó que la Comuna no renunció a su poder de policía, sino que fue el propio municipio el que paralizó las obras no autorizadas en la playa de estacionamiento en enero de 2026 e intimó a la concesionaria, procedimiento que derivó posteriormente en la sanción de la Ordenanza N.º 15.593/26 del Deliberante que aprobó la factibilidad ambiental del sector.

Finalmente, el jefe comunal desestimó los cuestionamientos sobre un supuesto bloqueo a la Contraloría Municipal señalando que los requerimientos del organismo fueron respondidos o se encuentran en evaluación técnica por las áreas correspondientes. Respecto al Plan de Ordenamiento Territorial, rechazó las acusaciones de opacidad y aclaró que la instancia de Audiencia Pública contemplada en la Carta Orgánica se concretará una vez finalizado el proyecto técnico del Código de Planeamiento Urbano, ponderando que la etapa previa contó con la participación activa de más de once comisiones temáticas y organizaciones comunitarias. Tras la extensa presentación, el Concejo Deliberante pasó a un cuarto intermedio para analizar la documentación entregada y definir la viabilidad institucional de la acusación.