La recientemente designada titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Adriana Baravalle, quedó en el centro de una fuerte controversia judicial y política luego de que la diputada Marcela Pagano presentara una denuncia penal para investigar la autenticidad y validez del doctorado en Inteligencia Artificial con el que fue presentada de forma oficial.

La presentación judicial plantea la posible comisión de delitos como falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa, e involucra tanto a la funcionaria nacional como a las autoridades de la American Andragogy University (AAU), una institución con sede en Hawái señalada internacionalmente por la expedición irregular de titulaciones académicas.

Como elemento de prueba central dentro de la denuncia, la legisladora aportó una "compra simulada" mediante la cual tramitó un supuesto doctorado en la misma casa de estudios. Según consta en las actuaciones presentadas ante la Justicia, Pagano logró la emisión de su diploma en apenas ocho días y mediante un único pago de 400 dólares —a través de un descuento especial sobre el arancel oficial de 7.000 dólares—, sin la exigencia de acreditar un título de grado previo, presentar una tesis doctoral o rendir exámenes de evaluación.

La operatoria quedó documentada mediante capturas de pantalla, comprobantes de pago y diálogos por mensajería instantánea que fueron adjuntados al expediente.

El legajo académico de Baravalle había cobrado notoriedad al momento de su nombramiento mediante el Decreto 730/2026, oportunidad en la que el propio presidente Javier Milei la respaldó públicamente definiéndola como una "eminencia en ciberseguridad y doctora en IA".

Sin embargo, en la investigación preliminar se señala que en su perfil profesional únicamente se consigna la sigla "PhD in Artificial Intelligence" sin especificar la institución otorgante, contraste que motivó el pedido para recabar sus antecedentes ante la Universidad Austral y la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), donde registra titulaciones previas. A nivel regional, la American Andragogy University ya acumulaba antecedentes de cuestionamiento institucional en Perú y en Panamá, donde la Universidad Autónoma de Chiriquí procedió a la revocación de cargos docentes y a la anulación de la validez de dichos títulos.