Ante el avance de la mora y las deudas familiares, la gobernación avanza con un marco regulatorio para frenar cobros abusivos y esquemas de usura en la provincia.

El Gobierno de La Rioja prepara el lanzamiento de un paquete de medidas para regular la oferta de financiamiento masivo y frenar los costos excesivos en los créditos otorgados a sectores vulnerables. El gobernador Ricardo Quintela confirmó la próxima puesta en marcha del denominado “Régimen de Protección Integral de Usuarios de Créditos para Consumo de la Familia Riojana”, un instrumento normativo impulsado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca poner coto a las tasas usurarias y corregir las distorsiones del sistema financiero local.

La iniciativa gubernamental surge como respuesta a la aceleración del endeudamiento en los hogares, un fenómeno donde las familias han comenzado a contraer nuevos compromisos financieros no para la adquisición de bienes o mejoras patrimoniales, sino para refinanciar saldos vencidos y cubrir gastos de subsistencia. Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que el encarecimiento del crédito terminó absorbente una porción crítica de los ingresos asalariados, configurando un escenario de vulnerabilidad económica que requiere la intervención directa del Estado.

El nuevo marco normativo profundizará un conjunto de acciones administrativas y judiciales que la provincia ya venía aplicando. Entre los antecedentes inmediatos se destaca la derogación del Decreto 1082, mediante el cual se dieron de baja códigos de descuento por cargos irregulares, dejando operativos únicamente aquellos convenios que se encuadren en los parámetros vigentes. Paralelamente, la División del Delito Económico de la Policía provincial desarticuló recientemente esquemas informales de préstamo que operaban con metodologías de extorsión y tasas de interés que en algunos casos superaban el 1000% anual.

En el plano legislativo, el plan de contingencia se complementa con una normativa que suspende por el término de 180 días las ejecuciones prendarias dentro del territorio provincial. Esta pausa legal busca abrir una instancia de renegociación entre acreedores y deudores para reestructurar los montos adeudados sin la amenaza inminente de la pérdida de activos familiares. Segun precisaron las autoridades, tanto la suspensión de ejecuciones como la vigencia del DNU tendrán un carácter provisorio y acotado al período que dure la emergencia financiera de las familias riojanas.