Una fuerte marejada política se desató en el seno del Gobierno nacional tras las declaraciones del canciller Pablo Quirno sobre la reforma a la Ley de Tierras.
El capítulo, que contemplaba modificaciones profundas en el régimen de propiedad rural para extranjeros, formaba parte del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y debió ser retirado del debate legislativo en el Senado ante la falta de consensos para su aprobación.
El malestar en la Casa Rosada cobró fuerza luego de que el funcionario sostuviera públicamente en televisión que la desregulación planteada por el Ejecutivo habría permitido a inversores del exterior adquirir "un pueblo o una provincia entera", asegurando además que tal posibilidad generaría beneficios económicos para el país.
Rechazo interno y contrapunto en el ala política
Las expresiones del ministro de Relaciones Exteriores provocaron un contundente rechazo por parte del equipo político del Ejecutivo, desde donde salieron a desmentir categóricamente el alcance expresado por el diplomático:
Desautorización desde Balcarce 50: Referentes de la conducción libertaria calificaron de erróneas las afirmaciones de Quirno y admitieron que este tipo de declaraciones entorpecieron la estrategia comunicacional, facilitando la instalación de la narrativa opositora.
Defensa de la seguridad jurídica: A pesar del revuelo generado, Quirno rechazó las críticas de la oposición tachándolas de "discurso anticuado" y argumentó que el propósito central de la medida era brindar un marco de previsibilidad para atraer capitales a largo plazo, en sintonía con las condiciones fijadas por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Aclaración sobre soberanía: El funcionario remarcó que la meta oficial no busca la extranjerización del territorio ni la venta de áreas estratégicas como la Patagonia, sino incentivar la radicación de inversiones productivas que operen en el país.
Los cambios que contemplaba la iniciativa
El texto presentado inicialmente por el Poder Ejecutivo promovía la derogación total de los topes vigentes para la titularidad de campos en manos de personas físicas o jurídicas del exterior.
Sin embargo, en el dictamen posterior elaborado para buscar el respaldo de bloques aliados, el oficialismo aceptó fijar un nuevo límite: elevó del 15% al 25% el cupo máximo de superficie rural explotable por extranjeros a escala nacional, provincial y departamental, modificación que finalmente no prosperó en el recinto.
