La movilización, prevista para el 6 de agosto, contará con la participación de las dos CTA, movimientos sociales y organizaciones religiosas. El debate parlamentario ya registró cuatro postergaciones.
La Confederación General del Trabajo (CGT) alista su confirmación para sumarse a la marcha convocada frente al Congreso de la Nación para el próximo jueves 6 de agosto. La protesta se realiza en rechazo a la iniciativa denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", impulsada por el Poder Ejecutivo, que plantea modificaciones sustanciales sobre la regulación del suelo rural.
La marcha coincidirá con la jornada en que el oficialismo pretende concretar la sesión parlamentaria en el Senado, luego de que el tratamiento fuera suspendido en cuatro oportunidades a raíz del receso dispuesto por la senadora Patricia Bullrich por falta de consensos de la bancada oficialista.
La medida de fuerza representa una nueva acción dentro de la agenda trazada por la conducción cegetista para la segunda mitad del año, tras haber participado en la reciente movilización junto al sector pasivo y antes de la habitual peregrinación de San Cayetano programada para el 7 de agosto.
Ejes centrales de la iniciativa y sectores en contra
La propuesta redactada por el ministro Federico Sturzenegger consta de 48 artículos e introduce modificaciones en cinco normativas distintas. Además de revisar las pautas de expropiación y acelerar los procesos de desalojo mediante trámites sumarísimos, la ley deroga restricciones a la Ley de Manejo del Fuego, eliminando la prohibición de 30 años para el cambio de uso en tierras afectadas por incendios.
El punto de mayor controversia es la reforma a la Ley de Tierras Rurales (26.737), sancionada en 2011. La iniciativa busca suprimir los límites actuales que fijan un tope del 15 % para la tenencia de hectáreas en manos extranjeras, el límite del 30 % para una misma nacionalidad, la restricción de hasta mil hectáreas en zonas fértiles y la prohibición de adquirir inmuebles que alberguen fuentes de agua permanentes.
A la convocatoria gremial integrada por las dos CTA, la UTEP y sectores de izquierda, se sumaron pronunciamientos de entidades religiosas y comunitarias, como la Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes y el Llamamiento Argentino-Judío, los cuales emitieron documentos formales de rechazo al proyecto.
