Un complejo escenario geopolítico y regulatorio enfrenta a la administración nacional con Navitas Petroleum, una petrolera de origen israelí que opera en las Islas Malvinas. Aunque el Gobierno mantiene formalmente los cuestionamientos por la actividad offshore en el territorio en disputa, hasta el momento no adoptó medidas adicionales contra la compañía. El asunto generó momentos de tensión oficial luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, admitiera en conferencia de prensa no contar con precisiones sobre el tema y derivara las consultas a la Cancillería.
Antecedentes y el freno a las sanciones
Navitas Petroleum es una de las operadoras centrales en el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, donde ostenta el 65% de participación. Las operaciones de la empresa ya habían sido declaradas "clandestinas" en 2022 mediante la Resolución 240/2022 firmada durante la gestión de Alberto Fernández, la cual impuso una inhabilitación de 20 años para operar en territorio argentino basándose en las leyes 26.659 y 26.915.
Pese a alinearse estratégicamente con el Estado de Israel, el Ejecutivo libertario mantuvo vigente esa inhabilitación junto a las sanciones a otras nueve petroleras internacionales. Sin embargo, desde su asunción no promovió nuevas acciones administrativas ni demandas judiciales para frenar el avance del proyecto.
La única postura oficial reciente quedó registrada a fines de 2025 mediante un comunicado emitido por la Cancillería que encabeza Pablo Quirno. En ese texto, el Gobierno desconoció la validez de las licencias otorgadas tanto a Navitas como a la británica Rockhopper Exploration, ratificando la ilegalidad de las tareas de exploración y explotación en la plataforma continental argentina. Aunque en dicho documento el Palacio San Martín prometió profundizar las medidas legales en el plano internacional, por el momento las gestiones se limitaron a intervenciones diplomáticas ante la OEA y las Naciones Unidas.
Declaraciones clave y avance del proyecto
Fundada en 2015, con sede en Tel Aviv y cotización en bolsa, Navitas se consolidó rápidamente en el sector bajo la conducción de Gideon Tadmor y el CEO Amit Kornhauser. La controversia cobró mayor volumen tras las expresiones de Kornhauser ante inversores, donde sugirió que las posturas públicas del presidente argentino respecto al derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas favorecieron la continuidad de las obras.
Según expuso el directivo de la compañía, la Decisión Final de Inversión para el yacimiento Sea Lion avanza sin inconvenientes ni interferencias por parte de las autoridades de Buenos Aires, contando con el respaldo directo del gobierno británico y de la administración local del archipiélago.
