El parlamentario fueguino Matías Lapadula expresó su firme rechazo al proyecto impulsado desde el Ejecutivo nacional para flexibilizar los límites a la compra de campos y terrenos por parte de capitales internacionales. Asimismo, advirtió sobre la posible subasta de inmuebles del Estado nacional en el territorio provincial, vinculando ambas medidas con maniobras de especulación financiera e inmobiliaria.

El legislador cuestionó el espíritu de la propuesta normativa —denominada de inviolabilidad de la propiedad privada— al señalar que su verdadero alcance es desmantelar el marco legal que tutela los recursos naturales del país.

"En una jurisdicción como la nuestra, con áreas marítimas e insulares ocupadas por una potencia extranjera, desproteger las normativas de propiedad rural es un contrasentido. Se corre el riesgo de abrir la puerta a que capitales británicos adquieran tierras en nuestra propia provincia mientras mantienen usurpadas las islas", advirtió.

Análisis legal: el rol de la Ley de Provincialización

Frente a la intención de enajenar propiedades públicas nacionales en suelo fueguino, Lapadula instó a revisar el cumplimiento histórico del artículo 15 de la Ley de Provincialización.

Dicho texto legal estipulaba que las propiedades e inmuebles de la Nación sin una asignación específica debían ser traspasados al dominio de Tierra del Fuego.

En ese sentido, el legislador adelantó que impulsará acciones en la Legislatura para auditar cada predio perteneciente a las fuerzas armadas y organismos federales, exigiendo la restitución de aquellos que correspondan al patrimonio provincial.

A su vez, destacó las facultades de los municipios y del gobierno provincial para dictar pautas de ordenamiento urbano, zonificación y uso del suelo, como herramientas clave para bloquear la especulación inmobiliaria en zonas vulnerables como Río Grande.

Contraste internacional y asimetría en el archipiélago

El legislador enfatizó que la custodia del suelo como recurso estratégico es una práctica habitual en el escenario global, citando las severas restricciones vigentes en naciones como Estados Unidos o Chile.

Para graficar la disparidad de condiciones, Lapadula planteó un marcado contraste con la situación en las Islas Malvinas:

·Acceso argentino prohibido: Ningún ciudadano argentino tiene la posibilidad legal de adquirir bienes inmuebles o viviendas en el archipiélago actualmente bajo control británico.

·Apertura de fronteras agrícolas: Con la reforma proyectada, se facilitaría que firmas de origen británico adquieran extensiones continentales dentro del territorio argentino.

Apoyo al gesto soberano del plantel nacional

En otro orden, el parlamentario valoró la actitud de los integrantes de la Selección Argentina de fútbol al desplegar la pancarta con el lema "Las Malvinas son argentinas" durante el certamen mundialista, desoyendo las advertencias sobre probables penalizaciones organizativas.

Lapadula respaldó de forma enfática la iniciativa de los deportistas, asegurando que los costos económicos o sanciones formales quedan relegados ante la importancia de proyectar la demanda de soberanía en plataformas de alcance global.