El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, formalizó una nueva fase en el proceso de privatización de los corredores viales del país. Mediante la firma de los contratos correspondientes a la denominada Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, un total de 1.871 kilómetros de autopistas y rutas nacionales abandonaron la órbita pública para pasar a ser administrados por firmas particulares bajo un esquema de inversión 100% privada.

Entrada en vigencia y corredores afectados

A partir de este miércoles, las compañías que resultaron adjudicatarias tomaron el control operativo, la recaudación y las tareas de conservación de las trazas. Hasta este traspaso, la gestión y el mantenimiento de dichos sectores se encontraban bajo la responsabilidad de la empresa estatal Corredores Viales.

La medida impacta de forma directa en la conectividad de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, abarcando los siguientes trayectos considerados clave para el transporte productivo:

Corredor Pampa: Comprende la totalidad del área concesionada de la Ruta Nacional 5.

Corredor Sur - Atlántico - Acceso Sur: Incluye tramos estratégicos de las Rutas Nacionales 3, 205 y 226.

Accesos y Autopistas: Incorpora a la gestión privada las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y el trazado Ezeiza-Cañuelas.

El enfoque oficial sobre la obra pública

La iniciativa forma parte del plan de reformas estructurales que busca reducir de forma drástica el gasto y la intervención del Estado en la infraestructura vial. Desde la cartera económica recalcaron el carácter estratégico de estas rutas para los sectores de la logística, el comercio y la producción agroindustrial, argumentando que la llegada del capital privado garantizará una mayor eficiencia operativa y optimizará el estado general de las calzadas para los usuarios.