La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la actualización del monto del decomiso en la denominada causa Vialidad, elevando la cifra de los 85.000 millones de pesos originales a casi 685.000 millones de pesos. A través de un fallo con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró "inadmisibles" las impugnaciones impulsadas por las defensas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez.
El origen de la cifra y el mecanismo de actualización
La condena inicial fue dictada el 6 de diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2, que impuso una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas a la entonces vicepresidenta por el delito de administración fraudulenta vinculado a 51 licitaciones viales en Santa Cruz. En aquel veredicto, que también alcanzó a Báez, José López y Nelson Periotti, entre otros exfuncionarios, se determinó un embargo inicial de más de 84.835 millones de pesos por los perjuicios y sobreprecios detectados.
Luego de que la Cámara de Casación validara las condenas en noviembre de 2024 y la Corte Suprema rechazara las últimas apelaciones de fondo en junio de 2025 disponiendo las detenciones, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte procedió a indexar el monto. Utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) provisto por el INDEC entre fines de 2022 y mayo de 2025, los especialistas fijaron la obligación solidaria definitiva en exactamente $684.990.350.139,86.
El rechazo a los planteos de la defensa y el futuro de los bienes
Los asesores legales de Fernández de Kirchner objetaron el uso del índice inflacionario para la actualización, mientras que la representación de Báez discutió la competencia del tribunal oral ejecutor. No obstante, los ministros de la Corte desestimaron los recursos de forma directa amparándose en las facultades del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual permite rechazar planteos sin necesidad de brindar fundamentaciones extensas.
A pesar de confirmarse el millonario monto que los condenados deberán afrontar de manera conjunta, la ejecución material y el remate de los activos no se producirá de forma inmediata. Actualmente se encuentra en desarrollo la tasación de una parte de los 111 bienes identificados, pero el proceso de decomiso efectivo está sujeto a la resolución de recursos secundarios que aún debe evaluar el tribunal supremo. Asimismo, la situación patrimonial de las propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner continúa bajo un estatus de definición indefinido.
