El jefe comunal Marcelo Román, único mandatario de La Libertad Avanza en la provincia, enfrenta acusaciones de peculado junto a un empresario de medios local. En paralelo, un grupo de vecinos formalizó un pedido para removerlo de su cargo mediante una junta de firmas.
El escenario político e institucional de esta localidad rionegrina atraviesa horas de extrema tensión. El mandatario municipal, Marcelo Román, se encuentra bajo la lupa de la Justicia en el marco de una investigación penal que lo vincula con presuntos delitos de peculado y fraude en la gestión pública. Las actuaciones salpican de manera directa al empresario de la comunicación Sebastián Ocampo —propietario de un portal digital y una emisora radial—, a quien la fiscalía apunta como partícipe necesario en las maniobras investigadas.
El caso sumó un capítulo clave este lunes durante una audiencia formal que contó con la asistencia de los dos imputados, oportunidad en la que las autoridades judiciales determinaron dictar un cuarto intermedio. De esta manera, el próximo 17 de junio se conocerá la resolución sobre si se convalida la formulación de cargos solicitada contra el jefe comunal y el comerciante de medios.
Los detalles de la imputación judicial
El expediente penal se puso en marcha formalmente el 26 de junio de 2025, tras radicarse una denuncia que ponía el foco sobre supuestas anomalías financieras y administrativas perpetradas entre el inicio del mandato de Román, en los últimos meses de 2023, y mediados del año pasado.
Los informes preliminares elaborados por el Tribunal de Cuentas de la ciudad sugieren que Ocampo, quien se presentaba públicamente como un asesor cercano al intendente de perfil libertario, se habría arrogado atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo. El organismo de control detectó la presencia activa del empresario en mesas de gabinete, así como su intervención directa en decisiones sobre partidas presupuestarias, contrataciones estatales y licitaciones de compras.
La sospecha tomó fuerza luego de que los peritajes tecnológicos realizados sobre el teléfono móvil de Ocampo —secuestrado durante los allanamientos efectuados en julio de 2025 en sedes municipales y propiedades privadas— revelaran directivas directas hacia los funcionarios de la planta política. El pliego acusatorio detalla además que el abono de dicha línea telefónica era costeado con fondos de la comuna, desde donde también se autorizaban pautas publicitarias en favor de sus firmas comerciales.
Postura oficial y embate comunitario
A la salida de los tribunales, el intendente Román intentó restarle peso al avance de la causa y manifestó sentirse confiado ante el proceso. El jefe comunal argumentó que el Ministerio Público Fiscal carece de un andamiaje probatorio sólido y consideró que la acusación técnica adolece de imprecisiones respecto a la ejecución material de los delitos que se le adjudican.
Sin embargo, el frente judicial no es el único conflicto que afronta la administración local. De manera simultánea, un colectivo de ciudadanos de Allen ingresó formalmente un expediente ante el Concejo Deliberante para solicitar el proceso de revocatoria de mandato del intendente.
La presentación comunitaria, respaldada por las firmas de más de 3.000 ciudadanos inscriptos en el padrón local, acusa formalmente a Román de una marcada inaptitud y descuido en la gestión de las prestaciones básicas de la ciudad, denunciando un estado de abandono crónico en las tareas cotidianas de conservación de la infraestructura urbana.
