El mandatario de la provincia de Buenos Aires calificó el fallo como arbitrario y vinculó el proceso penal con el actual rumbo económico del país. Sus declaraciones se dan al cumplirse el primer aniversario de la detención de la exjefa de Estado.
Al cumplirse el primer año del arresto domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof utilizó sus canales oficiales para manifestar un enérgico rechazo a la situación de la exmandataria. El referente provincial tildó la sentencia de "enorme infamia" y apuntó contra los despachos judiciales que dictaron la medida, acusándolos de responder a los intereses de las esferas del poder real.
La exvicepresidenta cumple la pena ratificada en el marco de la denominada causa Vialidad, luego de que en 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena y ordenara su ejecución. Aquel fallo judicial derivó en un escenario de fuerte conflictividad en las calles, marcado por movilizaciones y vigilias de sectores de la militancia frente al inmueble de la calle San José en el barrio de Constitución, bajo la denuncia de una maniobra de proscripción electoral. Posteriormente, hacia finales de noviembre de ese mismo año, las autoridades de control endurecieron las restricciones de la detención, limitando los encuentros con personas ajenas al listado autorizado a solo dos jornadas semanales de dos horas cada una.
Argumentos de la defensa y críticas a la investigación del atentado
En sus declaraciones, Kicillof consideró que la expresidenta atravesó un extenso proceso de hostigamiento que derivó en una resolución carente de elementos probatorios sólidos. Cuestionó los fundamentos técnicos del fallo al señalar que se le atribuyeron responsabilidades ajenas a sus funciones ejecutivas bajo criterios jurídicos endebles.
El mandatario bonaerense —cuyo nombre resuena con fuerza en las discusiones internas del peronismo de cara al armado de candidaturas presidenciales— aprovechó el aniversario para trazar un paralelismo entre la persecución judicial y el ataque físico que sufrió la dirigente en septiembre de 2022. En ese sentido, lamentó las demoras y la falta de resultados concretos en el expediente penal que busca identificar a los autores intelectuales, financistas y promotores del intento de magnicidio.
Cuestionamientos al modelo económico de la gestión nacional
El descargo del gobernador no se limitó al plano estrictamente judicial, sino que conectó la situación de la exlíder del Ejecutivo con el programa económico que lleva adelante la administración de Javier Milei. Según el análisis de Kicillof, los mismos sectores que promovieron las causas penales contra la expresidenta son los que hoy avalan una política financiera que afecta los ingresos de asalariados y jubilados, contrae la actividad de las fábricas locales y reduce la cobertura de los derechos laborales.
En el tramo final de su pronunciamiento, el jefe de Estado provincial ratificó la inocencia de Fernández de Kirchner y sostuvo que la detención constituye un intento de disciplinamiento hacia el arco político opositor. Sostuvo que, frente a este panorama, las organizaciones del campo popular mantienen el compromiso de sostener las bases democráticas y defender la calidad de vida de la ciudadanía.
