La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó formalmente a la Fundación Faro, liderada por el referente libertario Agustín Laje, que identifique a los aportantes detrás de una millonaria suma de dinero declarada en su último balance. La entidad presentó ante el organismo estatal sus estados contables del ejercicio 2024, donde se detalla el ingreso de más de 5.000 millones de pesos (equivalentes a unos 4,8 millones de dólares) bajo el concepto de donaciones y actividades de formación.
La magnitud del crecimiento financiero de la organización encendió las alarmas en el área que conduce Alejandro Ramírez. Desde el sector de investigación periodística de Chequeado, medio que dio a conocer la documentación, recordaron que la normativa vigente estipula la obligatoriedad de transparentar el origen de los recursos cuando las donaciones superan el equivalente a 40 salarios mínimos. En el trasfondo político, el requerimiento también es leído como un nuevo capítulo de las tensiones internas en el oficialismo, dado que la conducción de la IGJ responde de forma indirecta al sector de Karina Milei, contrapuesto a la órbita del asesor Santiago Caputo.
De un modesto patrimonio a una estructura multimillonaria
La evolución de las arcas de la institución muestra un salto llamativo en un lapso muy breve:
·Antecedente: Hasta el tramo final de 2024, el espacio funcionaba legalmente como Fundación Valorar, con un patrimonio neto que apenas superaba los 12 millones de pesos e ingresos declarados por 49 millones en 2023.
·Actualidad: Tras el relanzamiento institucional bajo el nombre de Faro, el patrimonio neto declarado escaló hasta los 4.394 millones de pesos, impulsado casi en su totalidad por la recaudación de aportes privados.
·Destino de los fondos: Según los papeles presentados, el 92% de los activos de la fundación fueron colocados en el mercado financiero a través de instrumentos a corto plazo como Letras del Tesoro y Fondos Comunes de Inversión.
·Esquema laboral: En el desglose de egresos, la organización destinó unos 24 millones de pesos a sueldos del personal estable, mientras que las erogaciones por honorarios profesionales externos rozaron los 40 millones de pesos.
Desde el think tank defendieron la regularidad de sus operaciones asegurando que todos los movimientos están debidamente bancarizados y sujetos a auditorías internacionales de primer nivel, argumentando que el resguardo de la identidad de los empresarios responde estrictamente a razones de privacidad y seguridad.
Cenas exclusivas y el rol de la recaudación
Aunque institucionalmente se presenta como un polo para dar debates ideológicos, la entidad ha sido señalada frecuentemente como el brazo de financiamiento privado de La Libertad Avanza. Las investigaciones periodísticas ubican a Francisco Javier Caputo (hermano del asesor presidencial) como el principal coordinador y encargado del esquema de recaudación.
Entre los métodos utilizados para el acopio de capital se destacaron cenas de gala en Puerto Madero con tarjetas de altísimo valor en dólares, apuntadas a que las principales firmas del país adquirieran mesas corporativas completas.
En medio de las controversias políticas y judiciales
El volumen de dinero manejado por la fundación coincide con una fuerte presencia en la arena pública. Informes sectoriales revelaron que Faro gastó más de 1.079 millones de pesos entre 2025 y 2026 en pauta publicitaria en redes sociales (Meta) a través de su plataforma Ratio Oficial, posicionándose como uno de los mayores anunciantes políticos del país.
Por otra parte, el vertiginoso ascenso del espacio no estuvo exento de polémicas, quedando salpicado de manera colateral por distintas controversias que afectaron al entorno gubernamental. Los cuestionamientos opositores y mediáticos suelen poner el foco en la falta de transparencia de los fondos y en las sospechas sobre el origen del financiamiento general que sostiene las actividades de la estructura libertaria.
