El alcance de los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios públicos sumó un dato clave que permite dimensionar la magnitud sistémica de la operatoria. A través de un pedido de acceso a la información pública respondido a Ámbito, el Banco Nación confirmó que otorgó 1.120 préstamos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026.
La revelación cobra relevancia tras las recientes polémicas por los créditos millonarios recibidos por segundas y terceras líneas de la administración central, un fenómeno que hasta el momento carecía de una métrica global.
La proporción en el universo crediticio y los límites de la categoría
Para dimensionar el impacto de la cifra dentro de la actividad comercial de la entidad bancaria, los investigadores cruzaron los datos con el total de operaciones del período:
·Universo total: El Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios en total durante el lapso analizado.
·Incidencia PEP: Prácticamente uno de cada 23 préstamos emitidos por la entidad bancaria estatal tuvo como destinatario a un sujeto catalogado bajo el régimen de control reforzado que estipula la Unidad de Información Financiera (UIF).
No obstante, los analistas advierten que la cifra de 1.120 beneficiarios podría quedar corta respecto al total de funcionarios de la actual administración. Esto se debe a que la delimitación técnica de PEP que fija la Resolución 192/2024 de la UIF deja fuera de los controles obligatorios a ciertos estamentos jerárquicos del Estado, tales como subsecretarios nacionales o directivos de determinadas sociedades con participación estatal.
El "top tier" de los beneficiarios y las cifras bajo la lupa
La controversia escaló inicialmente a partir del lanzamiento de la plataforma web "¿Cuánto Deben?", un espacio de visualización de datos desarrollado por el especialista Andrés Snitcofsky con base en los registros públicos de la Central de Deudores del Banco Central. Allí quedaron expuestos los montos otorgados a figuras con cargos de relevancia:
·Pedro Juan Inchauspe (Director del Banco Central): Obtuvo una línea crediticia por $510 millones.
·Leandro Massaccesi (Exjefe de Gabinete de Capital Humano, desplazado de sus funciones posteriormente por la ministra Sandra Pettovello): Accedió a $420 millones.
·Felipe Núñez (Asesor del Ministerio de Economía): Recibió un préstamo de $373 millones.
·Federico Furiase (Secretario de Finanzas): Fue beneficiado con un crédito de $367 millones.
Ante las repercusiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó relativizar las críticas argumentando públicamente que los beneficiarios vinculados al Gobierno representaban menos del 0,2% sobre un estimado de 27.000 créditos. Sin embargo, la investigación periodística aclara que la definición de "vinculados al Gobierno" es un término informal que no existe en las normativas del sistema financiero, a diferencia del rótulo técnico de PEP, que los bancos están obligados por ley a registrar para prevenir el lavado de activos.
Cambios regulatorios y frente judicial
El caso ya escaló al plano de los tribunales federales. La diputada nacional Mónica Frade radicó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en el otorgamiento de estos fondos, un expediente que, tras un conflicto de competencias, quedó asignado al juzgado federal liderado por María Eugenia Capuchetti.
El foco de la disputa judicial y política radica en una modificación normativa introducida por el propio Banco Nación en septiembre de 2024. Mediante una actualización de la denominada Resolución 802 para su línea hipotecaria "+ Hogares", la gestión actual incorporó explícitamente a los "cargos políticos designados por resolución o electivos" como sujetos aptos para solicitar estos créditos. En los documentos de la gestión previa, la línea estaba orientada exclusivamente a empleados estables o contratados de los sectores públicos nacionales, provinciales o universitarios, sin hacer mención alguna a las designaciones políticas de carácter discrecional o electivo.
