El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, avanza en la redacción de un proyecto de ley clave que busca reconfigurar de raíz el negocio del corretaje en Argentina. La iniciativa, que ingresará al Congreso de la Nación durante el mes de junio, apunta a desarmar el esquema tradicional de intermediación bajo la premisa de fomentar la libre competencia y abaratar los costos de las transacciones.
El núcleo del borrador oficial contempla modificaciones drásticas al ejercicio de la actividad de martilleros y corredores:
·Fin de las exigencias académicas: Para ejercer la actividad ya no se requerirá un título universitario ni inscripción en colegiaturas; bastará con ser mayor de edad y no contar con inhabilitaciones judiciales.
·Libertad total de comisiones: Se prohíbe el establecimiento de aranceles fijos, pisos o techos económicos, dejando los honorarios sujetos exclusivamente al pacto libre entre las partes.
·Virtualidad plena: Se legaliza de forma explícita la intermediación inmobiliaria a través de portales web, aplicaciones móviles y entornos digitales.
·Pluriactividad: Quedan abolidas las incompatibilidades, permitiendo que el corretaje conviva en simultáneo con cualquier otra profesión legal.
·Apertura corporativa: Tanto las personas físicas como las sociedades jurídicas estarán habilitadas para operar en el rubro sin trabas de acceso.
El respaldo corporativo: reputación digital por sobre el esquema tradicional
Desde el ala empresarial, la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) avaló la desregulación total. Su titular, Mariano García Malbrán, defendió el proyecto argumentando que el esquema de colegios obligatorios funciona como una protección corporativa que limita la competencia y bloquea la inserción de agentes con fuerte perfil comercial.
Para los sectores que apoyan la medida, el modelo de validación actual está obsoleto. Sostienen que en mercados desarrollados como el de Estados Unidos o el Reino Unido, la transparencia y las garantías de consumo están dadas por la trazabilidad tecnológica, la reputación en redes y mecanismos de arbitraje o seguros de responsabilidad civil, desplazando la necesidad de un sello institucional rígido.
El contragolpe de los colegios: alertas por desprotección y vacíos legales
La reacción de los colegios profesionales no se hizo esperar, cuestionando tanto el fondo ideológico como la legalidad de la norma. Marta Liotto, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), advirtió que el Ejecutivo Nacional carece de facultades constitucionales para avanzar sobre la matriculación, ya que la regulación de los oficios profesionales es una competencia que las provincias nunca delegaron a la Nación.
La dirigencia del sector matriculado —que actualmente intermedia en más del 95% de las operaciones del país— enfatizó que el corretaje no es un simple intercambio mercantil, sino una labor técnica con alta responsabilidad jurídica que resguarda el patrimonio familiar. Según Liotto, extinguir los controles de ingreso y los tribunales éticos institucionales no reducirá los costos, sino que institucionalizará la informalidad, exponiendo de forma directa a inquilinos, compradores y vendedores a un escenario de desprotección ante abusos, impericias técnicas y estafas.
