Se trata de Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en las últimas operaciones inmobiliarias del Jefe de Gabinete. Según registros oficiales, ingresó a la sede de Gobierno en siete oportunidades entre 2024 y 2025. El fiscal Gerardo Pollicita ya la citó a declarar.
Un nuevo capítulo se abre en la investigación sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Justicia analiza ahora el vínculo con la escribana Adriana Mónica Nechevenko, profesional que certificó la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, donde reside el funcionario, y de una vivienda en el exclusivo country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
Registros bajo análisis
De acuerdo con un pedido de acceso a la información pública realizado por la ONG Poder Ciudadano, Nechevenko visitó a Adorni en la Casa Rosada en siete ocasiones durante los últimos dos años. Lo que llamó la atención de los investigadores es que las fechas de estos ingresos no coinciden con los días en que se formalizaron las escrituras de las propiedades mencionadas.
La información, consignada originalmente por Letra P, ha cobrado relevancia en el marco de la recolección de pruebas sobre la evolución patrimonial del vocero presidencial y ahora Jefe de Gabinete.
Cita en Tribunales
Ante estas inconsistencias, el fiscal Gerardo Pollicita decidió citar a la escribana para el próximo 8 de abril. Nechevenko deberá declarar en calidad de testigo para esclarecer el motivo de sus recurrentes visitas a la sede del Poder Ejecutivo y brindar detalles sobre su intervención profesional en las adquisiciones inmobiliarias de la familia Adorni.
Las propiedades en cuestión
Departamento en Caballito: Residencia actual del funcionario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vivienda en Indio Cua: Propiedad ubicada en la localidad de Exaltación de la Cruz, cuya titularidad corresponde a la esposa de Adorni.
Contexto: La investigación se desarrolla en un clima de fuerte escrutinio público sobre las declaraciones juradas de los principales ministros del Ejecutivo, mientras la justicia intenta determinar si hubo irregularidades en el financiamiento o la declaración de estos bienes.
