La Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” a la expresidenta por la llamada “Causa Vialidad”.

La Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó este miércoles (13.11.2024) la condena de seis años de prisión e “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en un caso por irregularidades en obras viales.

El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Fernández por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos por la causa conocida como “Vialidad”, en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno de Néstor Kirchner y el de su sucesora en la provincia de Santa Cruz.

El tribunal de alzada compuesto por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña resolvió hoy “condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Esta decisión podría obstaculizar posibles candidaturas de la exmandataria y actual presidenta del Partido Justicialista, aunque se prevé que Fernández presente una apelación ante la Corte Suprema, un proceso que podría extenderse por varios meses o incluso años.

La condena de Casación sólo se hará efectiva si es ratificada por la Corte Suprema. Por eso Fernández de Kirchner no corre peligro de ser detenida de inmediato.

La expresidenta, que no estuvo presente en los tribunales, publicó ayer un extenso comunicado en el que anticipó un fallo contrario y denunció que un intento de “proscripción” en su contra. En el texto, sostuvo que la causa “Vialidad” es un “show”.

La expresidenta fue condenada al término de un juicio que duró tres años y medio, en el que hubo 13 imputados y más de 100 testigos.

“Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”, dijo en sus redes el presidente de la Nación, Javier Milei, al conocer el fallo judicial.
Otros implicados

Más allá de ratificar la condena por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, la Cámara rechazó hoy el pedido de la Fiscalía de condenarla también por el delito de asociación ilícita y ratificó las condenas a otros de los implicados.
Entre ellos se destacan el empresario Lázaro Baez -seis años de prisión-, el exsecretario de Obras Públicas José López -seis años- y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti -seis años-, entre otros.

Por otra parte, los jueces confirmaron las absoluciones del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal.

Cristina Fernández de Kirchner (ex presidenta): Sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Aunque la Fiscalía también solicitó imputarla por asociación ilícita, este cargo fue finalmente desestimado.

Lázaro Báez (empresario): El empresario, estrechamente ligado a las obras públicas en Santa Cruz, fue condenado a seis años de prisión por ser partícipe necesario en la administración fraudulenta. Báez fue el principal beneficiario de los contratos irregulares que generaron ganancias millonarias para sus empresas.

José López (ex secretario de Obras Públicas): Condenado a seis años de prisión por fraude al Estado. López fue uno de los principales operadores en la asignación de obras públicas y su rol fue clave en la trama de licitaciones irregulares.

Nelson Periotti (ex director de Vialidad Nacional): Sentenciado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Fue uno de los responsables de la ejecución de las obras y de aprobar licitaciones que perjudicaron al Estado.

Mauricio Collareda (ex directivo de Vialidad): Condenado a cuatro años de prisión y a inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por fraude al Estado.

Juan Carlos Villafañe (ex intendente de Río Gallegos): Sentenciado a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Se demostró su responsabilidad en la aprobación y desarrollo de licitaciones irregulares en la obra pública de la región.

Raúl Pavesi (ex presidente de la Agencia Provincial de Vialidad de Santa Cruz): Condenado a cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por fraude al Estado e incumplimiento de sus deberes como funcionario.

Osvaldo Daruich (ex jefe del Distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad): Sentenciado a tres años y seis meses de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Raúl Santibañez (ex directivo de la Agencia Provincial de Vialidad): Condenado a cuatro años de prisión y a inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, debido a su participación en las maniobras irregulares.

Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal): Aunque fue investigado por su rol en la aprobación de obras públicas, el ex ministro fue absuelto por la Justicia, quien no halló pruebas concluyentes de su participación en los actos de fraude.

Claudio Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas): Otro de los implicados que fue absuelto por falta de pruebas en su contra.

Carlos Santiago Kirchner (ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal): También fue absuelto tras no hallarse evidencias suficientes para sostener una condena.

Héctor Garro (ex titular de Vialidad de Santa Cruz): Al igual que sus colegas absueltos, Garro fue desvinculado de las acusaciones en su contra.

¿Qué sigue en la causa Vialidad?

Este fallo de Casación puede ser apelado por todas las partes involucradas en un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso la decisión final recaerá en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De confirmarse la sentencia en esta última instancia, las penas quedarían en condiciones de ser ejecutadas. No obstante, la Corte Suprema no tiene plazos establecidos para emitir un fallo, por lo que el desenlace definitivo del caso podría demorar meses o incluso años.