Somos Télam
El Partido Obrero (PO) denunció que el allanamiento que se realizó este lunes en su sede central de Bartolomé Mitre 2162, de la ciudad de Buenos Aires, forma parte “de una escalada de persecución política contra los sectores opositores que luchan contra el ajuste del gobierno nacional” y adelantó que denunciarán esa situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El allanamiento se realizó con el presunto objetivo de requisar documentación de Editorial Rumbos y de cooperativas de trabajo, aunque desde el PO aseguran que esos argumentos son una excusa.
En un comunicado, esa fuerza política indicó que “es público y notorio que nuestro partido fue pionero en denunciar el protocolo represivo de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich, se destacó por impulsar la movilización del 20 de diciembre, por convocar a las movilizaciones contra la Ley Bases, y por su participación activa apoyando e impulsando todas las luchas populares, desde las que protagoniza el movimiento piquetero, hasta las movilizaciones obreras, estudiantiles y de la mujer”.
El diputado bonaerense Guillermo Kane afirmó que el gobierno nacional busca disimular "la verdadera asociación ilícita que conformaron Sandra Pettovello y quienes le roban la comida a los pobres y pagan con sobresueldos".
“Por tratarse de un salto en esta persecución política, concurriremos a la CIDH para denunciar al Estado Nacional, entendiendo que están en juego las libertades democráticas consagradas en la constitución nacional”, continuaron y explicaron que “esta persecución viene escalando, a partir del ataque del presidente de la Nación contra los sectores combativos y particularmente contra Eduardo Belliboni, a quien llamó a exterminar en una publicación realizada en sus propias redes sociales”.
“Concurriremos a la CIDH para denunciar al Estado Nacional, entendiendo que están en juego las libertades democráticas consagradas en la constitución nacional”
Comunicado del Partido Obrero
Recordaron que también existió “un amedrentamiento para evitar la movilización del 20 de diciembre, la apertura de la línea 134 para montar denuncias contra el movimiento piquetero y posteriormente casi 30 allanamientos y pinchaduras de teléfonos contra el Polo Obrero, el FOL y Barrios de Pie”.
Precisaron que “el juzgado aceptó como querellante en la causa contra las organizaciones piqueteras que dio origen a este allanamiento, nada menos que a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien ella sí debe rendir cuentas frente a la justicia, por los hechos escandalosos de corrupción de los cuales es responsable directa, mediante la firma de convenios fraudulentos con la OEI y la negativa elemental a repartir la comida que posee el Ministerio”.
Además puntualizaron que “el allanamiento se realizó con el presunto objetivo de requisar documentación de Editorial Rumbos y de cooperativas de trabajo, que no funcionan en esa dirección y que ya han sido allanadas” y sostuvieron que se trata “de una excusa torpe porque ni el juez, ni la Policía Federal que desde hace semanas realiza tareas de inteligencia en los alrededores del local desconocen que se trata de un local público y abierto, que es un verdadero centro de organización para todo tipo de movilizaciones populares”.
“Ni el juez, ni la Policía Federal que desde hace semanas realiza tareas de inteligencia en los alrededores del local desconocen que se trata de un local público y abierto”
Comunicado del Partido Obrero
En ese sentido, el diputado bonaerense Guillermo Kane dijo a Somos Télam: “Hay una persecución política muy mal disimulada. Empezaron hablando de un cobro indebido de aportes en el marco de la organización del Polo Obrero y otros grupos piqueteros, después viraron a cómo habían sido las rendiciones de un subsidio recibido por cooperativas en el gobierno anterior y ahora allanan la sede del Partido Obrero, un partido con décadas de historia, conocido por todos lo que tienen interés político en el país”.
“Observamos una persecución política contra quienes desde un primer momento señalamos que el resultado de las políticas de Javier Milei es una catástrofe para la población trabajadora: hay tres millones de nuevos pobres, hay 300 mil despidos, hay un ataque a servicios públicos esenciales”, añadió.
“La verdadera asociación ilícita la conformaron Sandra Pettovello y quienes le roban la comida a los pobres y pagan con sobresueldos para vivir como CEOs lujosos a costa de un Estado que ha sido desmantelado”
Guillermo Kane
Luego, Kane afirmó que “en momentos en que el propio gobierno enfrenta una crisis de corrupción tremenda, en que crece el nivel de catástrofe social, tratan de golpear a quienes pueden articular esa oposición política y callejera para meter miedo, días antes de que se vote la Ley Bases, y que nos movilicemos junto a amplios sectores de la sociedad para rechazar”.
“Vamos a ir a la CIDH con nuestro equipo de abogados. Se trata de distorsionar la verdad para presentar a las asociaciones sociales y a los sectores políticos como si fueran una asociación ilícita. La verdadera asociación ilícita la conformaron (la ministra de Capital Humano) Sandra Pettovello, quienes le roban la comida a los pobres y pagan con sobresueldos para vivir como CEOs lujosos a costa de un Estado que ha sido desmantelado”, concluyó.
