Farah y Boico habían sido recusados por la querellante Socma, algo que fue rechazado en la Cámara Federal y por eso la empresa recurrió a Casación, que también rechazó por "inadmisible" la apelación presentada por el grupo empresario.

La Cámara Federal de Casación rechazó por "inadmisible" una apelación de la empresa Socma para intentar apartar a dos jueces, Eduardo Farah y Roberto Boico, del trámite de una denuncia por supuestas irregularidades en el proceso concursal del Correo Argentino, que fue archivada por inexistencia de delito.

"Queda expuesto que el impugnante no ha logrado acreditar objetiva y razonablemente la existencia de temor fundado de parcialidad, que comporte el alegado riesgo de afectación del derecho de defensa, de la tutela judicial efectiva y del debido proceso legal", sostuvieron los jueces de la sala III del máximo tribunal penal federal del país, Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, en resoluciones a las que tuvo acceso Télam.

Farah y Boico habían sido recusados por la querellante Socma, algo que fue rechazado en la Cámara Federal y por eso la empresa recurrió a Casación.

Se trata de los dos jueces de la sala II de la Cámara Federal porteña que confirmaron el mes pasado el archivo de la investigación por inexistencia de delito, resuelto antes por el juez federal Sebastián Casanello.

"El rechazo de la recusación planteada no constituye un pronunciamiento de carácter definitivo, ni se equipara a éste, en tanto no pone fin a la acción, ni a la pena, ni hace imposible la continuación de las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena", agregaron los jueces de Casación.

Socma había denunciado "una supuesta connivencia entre miembros de la justicia, organismos del Estado y el poder político -entre ellos la Sra. Fiscal del caso, Dra. Graciela Boquín, el entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Carlos Zannini, y el entonces titular de la I.G.J, Dr. Ricardo Nissen- para requerir la quiebra judicial de la empresa y la extensión a sus accionistas, trayendo como consecuencia el desapoderamiento ilegítimo de sus bienes", recordó Casanello cuando archivó el caso.

La intención de "perjudicarla" se debería a "su alegada vinculación con el expresidente de la Nación, Mauricio Macri y su entorno familiar. Resoluciones, dictámenes y actos dictados en ese contexto tendrían, según el denunciante, tal explicación supuestamente ilícita".

En agosto pasado, la Cámara Federal confirmó el archivo de la denuncia al considerar que "no corresponde a los tribunales inmiscuirse en las estrategias de las partes del proceso (sea al pretender cursos de acción, pruebas o determinados actos), sí resulta propio de sus indudables facultades exclusivas las de definir la viabilidad o no de aquellos requerimientos con arreglo a las reglas establecidas por el derecho para obtener determinados resultados jurídicos", según sostuvo Boico en su voto.

El caso presentado "no exhibe condiciones tales que permitan habilitar una instrucción penal sobre la base de las hipótesis introducidas", concluyó.