Un gravísimo expediente judicial sacude a la política santafesina tras confirmarse la medida de coerción dictada contra Walter Ramírez, de 53 años —padre del presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez, Nicolás Ramírez—, y su pareja, Marilina Díaz, de 48.
Ambos quedaron alojados en régimen de prisión preventiva efectiva por el plazo de cuatro meses, imputados por haber despojado de la totalidad de sus bienes a una mujer de 83 años a la que aislaron de su entorno y alojaron en residencias geriátricas.
De acuerdo con la teoría expuesta por la fiscal Cecilia Brindisi ante el juez de garantías Federico Rébola, la maniobra delictiva comenzó a gestarse a principios de 2023, luego de que los acusados entablaran un vínculo circunstancial con la víctima a raíz de un siniestro vial.
Con el paso de los meses, la pareja se ganó la confianza de la damnificada mediante ardides para manipularla, logrando apoderarse de las llaves de su domicilio, restringir el acceso de sus cuidadores habituales y controlar sus tarjetas bancarias del Nuevo Banco de Santa Fe.
Aislamiento, traspaso de bienes y créditos fraudulentos
El avance de la investigación permitió reconstruir una serie de despojos sistemáticos perpetrados por los imputados. En enero de 2024, la pareja aisló por completo a la anciana de su círculo familiar y, poco después, concretó la transferencia dominial de su automóvil Renault Sandero a favor de un tercero, utilizando como excusa la supuesta necesidad de proteger el rodado frente a un inexistente litigio laboral.
El plan continuó el 3 de abril de 2024, fecha en la que lograron que la víctima suscribiera un poder general de amplia administración y disposición patrimonial ante una escribana vinculada al entorno de los sospechosos. Valiéndose de esta herramienta legal, rescindieron el contrato de alquiler de la vivienda de la mujer en Villa Gobernador Gálvez —inmueble que posteriormente pasó a ser habitado por el edil municipal, hijo de uno de los imputados— y la internaron de manera sucesiva en geriátricos de las localidades de Alvear y Rosario.
Asimismo, la pesquisa detectó un vaciamiento financiero sistemático: la pareja cobraba los haberes previsionales de la jubilada, realizó consumos injustificados con sus tarjetas de débito y vació una caja de ahorro que acumulaba importantes sumas. Como agravante, utilizaron el poder otorgado para gestionar préstamos personales a nombre de la víctima por cifras millonarias solicitadas entre 2024 y fines de 2025, cuyos fondos en varios casos fueron derivados directamente a cuentas de terceros ajenos a la damnificada. Tras los allanamientos y detenciones concretados la semana pasada a raíz de la denuncia de la propia afectada, la justicia ratificó el encierro cautelar mientras avanza la instrucción penal preparatoria.
