En el marco de la última jornada del juicio de cesura desarrollada este miércoles en la Ciudad Judicial de Neuquén, el Ministerio Público Fiscal solicitó que J.R. sea condenado a la pena de 20 años de cumplimiento efectivo. El acusado ya había sido declarado responsable por un jurado popular de haber cometido abusos sexuales continuados y corrupción de menores en perjuicio de una integrante de su entorno familiar a lo largo de casi dos décadas.

Durante su exposición ante el juez técnico Marco Lupica Cristo, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid —acompañado por la asistente letrada Cecilia Sabatte— remarcó que la escala penal aplicable al caso va de los 8 a los 20 años de prisión, por lo que peticionó el máximo previsto legalmente debido a la extrema gravedad de los hechos y sus secuelas. La querella particular, ejercida por el abogado Carlos Caroselli, adhirió en todos los términos al requerimiento de la fiscalía.

Agravantes y el impacto en la salud de la víctima

Durante el alegato, la acusación fundamentó el pedido de pena máxima enumerando múltiples circunstancias agravantes. Entre ellas, el fiscal destacó la prolongada extensión temporal de las agresiones —durante 19 años, desde la infancia de la víctima—, la profunda asimetría de edad y poder, y el abuso sistemático de la convivencia y la guarda. Asimismo, se valoró el grave daño en la salud mental acreditado mediante pericias, que determinaron un cuadro de trastorno de estrés postraumático complejo crónico, además de afecciones físicas y secuelas en su vida adulta y su rol materno.

La investigación probatoria, que incluyó diez jornadas de debate y un veredicto unánime de culpabilidad por parte del jurado popular el pasado 1 de julio, detalló que los aberrantes hechos se perpetraron en el domicilio familiar, oficinas comerciales, vehículos y hoteles durante viajes. Como única circunstancia atenuante la fiscalía contempló la carencia de antecedentes penales, aunque aclaró que esta condición queda totalmente desdibujada ante la magnitud y naturaleza de los delitos. El proceso concluirá tras la exposición del alegato de la defensa, quedando la causa en condiciones de que el magistrado fije la condena definitiva mientras el imputado permanece detenido con prisión preventiva.