La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Neuquén solicitó formalmente una condena de 12 años de prisión efectiva para Miriam Claudia Alejandra Godoy, declarada penalmente responsable en abril pasado por 63 hechos de estafa mediante la Cooperativa de Viviendas 14 de Octubre.
Durante la audiencia de cesura —encabezada por el fiscal Juan Narvaez y la asistente letrada Tanya Cid—, la acusación remarcó la sofisticación de la maniobra desarrollada durante años, el abuso de la confianza depositada por decenas de familias que buscaban acceder a una solución habitacional y el desvío sistemático de los fondos sociales hacia cuentas personales y gastos familiares.
El pedido del MPF se complementa con la solicitud de decomiso y posterior remate público de la sede donde funcionaba la entidad, ubicada en Diagonal España 467 de Neuquén capital, con el fin de repartir proporcionalmente el dinero obtenido entre los damnificados. Mientras que la querella que representa a las víctimas exigió un castigo de 14 años de prisión efectiva, la defensa de la imputada solicitó una pena de seis meses de ejecución en suspenso. El tribunal integrado por Raúl Aufranc, Mauricio Macagno y Marco Lupica Cristo pasó a deliberar y notificará la fecha de la sentencia en un plazo máximo de 48 horas.
Daño a 63 familias, desvío para gastos personales y la posición de las partes
Los fundamentos expuestos ante los jueces detallaron la magnitud del perjuicio social y económico provocado por la maniobra:
Sostén de la acusación: El fiscal Narvaez valoró como agravantes la planificación prolongada en el tiempo, el uso del prestigio institucional de la cooperativa y el testimonio de 16 damnificados que relataron el impacto destructivo en sus economías familiares y planes de vida.
Malversación comprobada: La investigación acreditó transferencias directas desde la caja de la cooperativa a las cuentas de Godoy y sus familiares para financiar compras, viajes y consumos personales, demostrando la finalidad de lucro propio.
Atenuantes y pretensiones extremas: Como atenuantes, la Fiscalía reconoció la falta de antecedentes penales de la imputada y su asunción de responsabilidad, fijando aun así pretensiones elevadas dada la extensión del daño. La defensa, por su parte, argumentó esos mismos factores para reclamar una condena de seis meses en suspenso sujeta a reglas de conducta.
