Un hombre procesado por amedrentar a su expareja y a dos residentes de San Patricio del Chañar deberá abandonar de forma definitiva esa localidad neuquina y radicarse en otra provincia. La resolución se adoptó en los tribunales de la Ciudad Judicial tras la homologación de una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP) por el término de tres años, impulsada por la fiscal del caso, Eugenia Titanti, y la asistente letrada Galia Borelli.
La aplicación de este mecanismo alternativo al juicio oral contó con el aval expreso de los tres damnificados. Las autoridades judiciales le advirtieron formalmente al acusado, identificado por sus siglas A. G. C., que cualquier transgresión a las reglas de conducta impuestas derivará en la revocación del beneficio y la posibilidad de cumplir una pena de prisión de ejecución efectiva.
Las reglas de conducta impuestas por la Justicia
Para evitar ir a juicio, el imputado —quien carece de antecedentes condenatorios previos— aceptó el cumplimiento estricto de las siguientes pautas durante las próximas 36 semanas:
Destierro local: Mudarse fuera del territorio provincial y mantener la prohibición absoluta de ingresar a San Patricio del Chañar.
Restricción de contacto: Prohibición de comunicarse por vías físicas o digitales con las víctimas.
Servicio comunitario: Cumplir un total de 96 horas de labores comunitarias gratuitas.
Asistencia médica: Iniciar y sostener un tratamiento terapéutico orientado al abordaje de consumos problemáticos.
Control judicial: Comparecer de manera cuatrimestral ante el ente de control de personas judicializadas de la jurisdicción donde fije su nuevo domicilio.
La reconstrucción de los hechos delictivos
La investigación penal unificada por la policía y la fiscalía acreditó la autoría de A. G. C. en dos episodios delictivos recientes. El primero de ellos se registró el pasado 9 de abril, cerca de las 21:30 horas, en la zona comercial del sector conocido como "La Costa". En esa oportunidad, el agresor, en compañía de un sujeto que no logró ser identificado, interceptó a dos hombres en la vía pública, los increpó verbalmente y los amenazó exhibiendo un arma de fuego. El imputado fue arrestado tras intentar huir ante la llegada de una patrulla policial.
El segundo hecho encuadró en un marco de violencia de género contra su antigua pareja. El 20 de junio a la madrugada, el hombre forzó el ingreso a la vivienda de la joven para sustraerle su teléfono móvil. Horas más tarde regresó para exigirle un segundo aparato y, ante el rechazo de la víctima, la atacó físicamente, la amedrentó con un cuchillo y terminó nuevamente alojado en una alcaidía policial.
A pesar de que esa misma tarde fue notificado de una restricción perimetral de 200 metros impuesta por un magistrado, el acusado violó la orden judicial el 23 de junio a la medianoche al merodear e intentar entrar por la fuerza a la propiedad de la damnificada, quien logró activar el botón antipánico para pedir auxilio.
Frente a este escenario, la fiscalía formuló cargos por los delitos de amenazas agravadas por el empleo de armas (en dos oportunidades) en concurso real con desobediencia a una orden emanada por autoridad competente, calificación que fue ratificada por la jueza de garantías Carina Álvarez al validar el cese del proceso bajo condiciones de conducta.
