La justicia penal avanzó en la investigación por el asesinato de Nelson Pino, ocurrido a finales del año pasado. En una audiencia judicial, la jueza de garantías Natalia Pelosso dio por formulados los cargos contra un joven señalado como el presunto autor material de las detonaciones que causaron el deceso de la víctima. La calificación legal provisoria atribuida al sospechoso es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, bajo el grado de participación de coautor.

Por este mismo caso, las autoridades judiciales ya habían procesado anteriormente a otro joven, a quien se le adjudica haber conducido la motocicleta empleada durante el ataque.

El ataque en el barrio San Lorenzo y el desenlace clínico

De acuerdo con las precisiones del expediente, el hecho bajo investigación tuvo lugar el 10 de diciembre de 2025 en la intersección de las calles Albardón y Rafaela, dentro del barrio San Lorenzo de la capital provincial. La reconstrucción provisoria indica que el ahora imputado, movilizándose como acompañante en la motocicleta, efectuó una serie de disparos con un arma de fuego.

Las consecuencias del hecho y la posterior derivación médica sumaron los siguientes elementos a la causa:

·Uno de los proyectiles impactó de forma directa en el rostro de Nelson Pino.

·A raíz de la gravedad de la lesión sufrida, la víctima debió ser internada de urgencia y falleció al día siguiente en las instalaciones del Hospital Castro Rendón.

·La investigación preparatoria formal de la causa se había iniciado originalmente el 19 de diciembre de 2025, fecha en la que se le formularon los cargos al conductor del ciclomotor.

Plazos de investigación y medidas de restricción

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron una prórroga para la recolección de pruebas. La jueza Pelosso hizo lugar al requerimiento y fijó un plazo de investigación complementario de dos meses, fundamentado en que el legajo ya contaba con un vencimiento en marcha desde diciembre del año anterior.

Asimismo, las autoridades judiciales evaluaron las condiciones de seguridad del proceso y consideraron que se encontraban debidamente acreditados tanto el peligro de fuga del imputado como el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Ante este escenario, la magistrada dispuso la aplicación de una medida cautelar de prisión preventiva para el acusado por un período de cuatro meses. En sintonía con la restricción de la libertad, se le impuso de forma estricta la prohibición absoluta de mantener cualquier tipo de comunicación o contacto con los integrantes de la familia de la víctima por el mismo lapso temporal.