La justicia bahiense dictó un fallo de alto impacto institucional al condenar a Fiorella Belén Damiani, actual consejera escolar, por haber orquestado una falsa acusación de abuso sexual contra dos hombres en el año 2017.

El magistrado Ricardo Gutiérrez, titular del Tribunal Oral Criminal Nº1, determinó que la mujer faltó a la verdad de manera deliberada y sostenida en el tiempo, provocando un daño irreparable a los dos acusados, quienes llegaron a estar privados de su libertad durante el proceso debido a sus declaraciones mendaces.

A pesar de la gravedad del delito de falso testimonio agravado, la pena impuesta permite que Damiani conserve su libertad ambulatoria, aunque sujeta a un estricto régimen de conducta y supervisión del Patronato de Liberados por un período de tres años.

Asimismo, el fallo incluye una sanción accesoria que le impide presentarse como testigo en cualquier proceso judicial durante los próximos seis años. El juez fundamentó su decisión en la contundencia de las pruebas que demostraron que la funcionaria afirmó como ciertos hechos que sabía inexistentes, con el único fin de incriminar a las víctimas en un proceso criminal de extrema sensibilidad.

El origen de la causa se remonta a una denuncia donde Damiani sostenía haber sido drogada y violada por dos músicos locales.

Sin embargo, el andamiaje de su relato se desmoronó gracias a la recuperación de registros audiovisuales desde la nube de uno de los teléfonos de los imputados.

En las grabaciones, que la propia denunciante reconoció haber protagonizado, se observaba una participación activa y lúcida, lo que descartó cualquier estado de indefensión o falta de consentimiento. A esto se sumaron peritajes toxicológicos y médicos negativos que terminaron por sepultar la versión de la agresión sexual.

El caso deja al descubierto una trama de represalias personales: según trascendió en el debate, la mujer habría intentado hacer desaparecer el dispositivo original creyendo que así eliminaba las evidencias del encuentro.

Mientras tanto, los damnificados —quienes padecieron días de encierro en celdas comunes bajo una carátula socialmente estigmatizante— han iniciado acciones legales tanto contra Damiani como contra el Estado provincial por las irregularidades en la instrucción inicial.

En el plano político, la situación de la consejera de La Libertad Avanza permanece en vilo tras haber cumplido una suspensión preventiva de sus funciones durante el juicio.