Una investigación articulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en conjunto con fuerzas federales y organismos de protección laboral, puso al descubierto una red de irregularidades extremas en establecimientos rurales. Los procedimientos, realizados en las provincias de Río Negro y Entre Ríos, arrojaron un saldo de 28 personas rescatadas de condiciones que rozan la esclavitud moderna.

El drama infantil en Viedma

En la capital rionegrina, las inspecciones se centraron en tres explotaciones hortícolas. El hallazgo más alarmante fue el de una adolescente de 15 años que, según su propio testimonio, realizaba tareas de cosecha y empaque desde los 12 años. Por sus extenuantes jornadas, percibía una suma irrisoria de $10.000 semanales.

En el mismo predio, los agentes identificaron a otra joven de 17 años que trabajaba y residía en el lugar desde los 15, además de un ciudadano extranjero cuya situación migratoria era irregular, evidenciando una falta total de registro y derechos básicos.

Endeudamiento forzado y hacinamiento en Entre Ríos

Por otro lado, en la localidad entrerriana de San Benito, una denuncia anónima permitió desarticular un esquema de explotación en el que las víctimas eran captadas a través de redes sociales.

Las condiciones detectadas en el establecimiento incluyen:

·Jornadas inhumanas: Labores de 12 horas diarias, de lunes a sábado.

·Sistema de "enganche": Los trabajadores eran inducidos a un esquema de endeudamiento forzado con su empleador para mantenerlos bajo su control.

·Vivienda precaria: Los damnificados pernoctaban sobre colchones en mal estado, en sitios sin acceso a agua potable ni baños adecuados.

Acciones Legales

Tras los operativos, en los que participaron la Policía Federal, RENATRE y la Dirección Nacional de Migraciones, se radicaron las denuncias correspondientes en las fiscalías federales de Viedma y Paraná. Desde los organismos oficiales aseguraron que se intensificará el monitoreo en zonas rurales para desmantelar estas estructuras de explotación y garantizar el cumplimiento de la ley vigente.