Una billetera virtual deberá suspender por 90 días el cobro de las cuotas de un crédito fraudulento que fue solicitado mediante una estafa, afectando a una adulta mayor. La medida fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis García Troiano, con el fin de evitar que la víctima, cuya identidad no fue revelada, sufra aún más daños tras haber perdido una suma millonaria.
El fiscal Agustín Nigro, a cargo de la investigación, fue quien solicitó la medida. Destacó que la víctima, presente en la audiencia, "además de ser estafada con el crédito a su nombre, perdió los fondos que tenía previamente en la billetera virtual implicada", cuya marca no fue informada.
Un fraude de más de $8.7 millones
El fiscal detalló que a la mujer le sustrajeron, en total, $8.710.661. Un representante y un abogado de la empresa de la billetera virtual participaron en la audiencia de forma remota. Si bien intentaron deslindarse de toda responsabilidad y se opusieron al requerimiento fiscal, el juez analizó las particularidades del caso y accedió al pedido de suspensión del cobro del crédito.
El engaño comenzó el viernes 2 de mayo, cuando la mujer recibió una llamada en su celular. El interlocutor se identificó como empleado de su empresa de telefonía e internet y le ofreció un descuento especial para jubilados. Con la excusa de confirmar el beneficio, el hombre la instó a ingresar a un falso link que permitió el acceso remoto a su dispositivo.
En pocos minutos, los estafadores lograron transferir $865.000 que la víctima tenía en su cuenta bancaria y $5.115.661 de su billetera virtual. Cuatro días después, la mujer recibió un correo electrónico informándole sobre un crédito de $2.730.000 gestionado a su nombre y financiado en 18 cuotas. Este dinero, apenas ingresó a su cuenta, fue transferido de inmediato sin su consentimiento.
Investigación penal y rastreo de los fondos
En cuanto a la investigación penal en curso, el fiscal Nigro informó que se están realizando "diferentes diligencias para rastrear hacia dónde fueron los fondos de la víctima". Mencionó que se está investigando a "varias personas que tendrían vínculos cercanos entre sí y no son oriundas de la provincia de Santa Fe".
La medida de suspender el cobro del crédito se ordenó "con urgencia para evitar que la víctima sufra mayores perjuicios que los que ya tuvo". Sin embargo, el juez no hizo lugar al planteo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que la proveedora de servicios de pagos hiciera la devolución íntegra del dinero sustraído a la víctima.
