Por pedido de la fiscalía, uno de los imputados en la investigación por estafas con planes sociales, el ex director general del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Ricardo Soiza, continuará en prisión preventiva.
Así lo resolvió hoy una jueza de garantías, tras rechazar el pedido de la defensa del imputado, que debido a que alcanzará los 70 años la próxima semana, solicitó su liberación por aplicación del artículo 115, inciso tercero, del Código Procesal Penal.
Frente al pedido de la defensa, el fiscal del caso de la unidad fiscal de Delitos Económicos, Juan Narvaez; y el fiscal jefe Pablo Vignaroli, consideraron necesario sostener la prisión preventiva de cara a la realización del juicio. Por esa razón pidieron a la magistrada analizar el caso concreto: la maniobra investigada, el rol crucial de Soiza en la misma y que “el riesgo de entorpecimiento continúa vigente y debe ser cautelado”.
La jueza de garantías Estefanía Sauli coincidió con la fiscalía y rechazó el pedido de la defensa. “Las normas están para ser analizadas e interpretadas. Y digo esto porque entiendo que el artículo 115 no aplica de manera automática en el caso en que se me solicita”, estimó Sauli.
Cautelares
En el marco de las medidas cautelares impuestas a instancias de la fiscalía para evitar que las personas imputadas entorpezcan la investigación, también continúa en prisión preventiva Marcos Daniel Osuna, quien al momento de los hechos era el responsable de Gestión de Programas del Ministerio de Desarrollo Social
En el grupo de exfuncionarios imputados incluye además al ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, Néstor Pablo Sanz, quien cumple prisión domiciliaria.
Respecto de los acusados Abel Di Luca –exministro- y Tomás Siengentharler - excoordinador de Administración de Desarrollo Social- y en el resto de los y las imputadas, las medidas cautelares que rigen tienen que ver con embargos y restricciones económicas.
El 25 de julio pasado, la investigación se prorrogó por dos meses y, según se anticipó durante la audiencia, el paso siguiente será la presentación del requerimiento de apertura a juicio.
La teoría del caso la fiscalía alcanza a un grupo de 26 personas, entre ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debido.
Todas las personas están acusadas -como jefes o partícipes- por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).
