A través de la Resolución 2076/2026, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) suspendió la autorización para funcionar de 7.199 cooperativas y mutuales en todo el país. La medida oficial se fundamenta en la falta de presentación de documentación asamblearia y estados contables correspondientes al período comprendido entre enero de 2023 y agosto de 2026.
Las implicancias de la normativa fueron analizadas en el informe “¿Cuidar o castigar?: El INAES y el alcance de la Resolución 2076/2026”, elaborado por el licenciado Juan José Sánchez para el Instituto de Investigación Cecilia Grierson (perteneciente a la Asociación La Carrillo de Catamarca). El estudio advierte sobre los severos perjuicios económicos, laborales e institucionales que afrontan las entidades, especialmente aquellas de menor escala.
El alcance de la medida en números
De un universo de 22.212 entidades registradas a junio de 2026 (18.379 cooperativas y 3.833 mutuales), la revisión administrativa alcanzó a 9.083 organizaciones (el 40,89% del total nacional).
Entidades suspendidas: 7.199 (6.667 cooperativas y 532 mutuales), lo que representa el 32,41% del mapa cooperativo del país.
Entidades intimadas: 1.438 organizaciones fueron emplazadas a regularizar su documentación.
Exceptuadas de forma transitoria: 439 entidades —mayormente mutuales de colectividades y cooperativas de servicios públicos— quedaron sujetas a un relevamiento técnico específico.
Un relevamiento complementario de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (COOPERAR) precisa que el 74% de las organizaciones sancionadas solo registraba demoras en uno o dos ejercicios contables. Asimismo, se destaca que gran parte de los entes afectados corresponden a matrículas constituidas entre 2023 y 2025 que se encuentran en su etapa inicial de asentamiento institucional.
Costos administrativos y riesgo en servicios esenciales
Desde entidades de base como la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) remarcan las barreras financieras para cumplir con las exigencias del organismo. Muchas organizaciones carecen de presupuesto para cubrir honorarios profesionales de contadores y auditores para certificar balances, lo que transforma al trámite en un filtro expulsivo.
La suspensión de la matrícula paraliza la operativa comercial, el acceso a cuentas bancarias y la facturación, poniendo en riesgo fuentes laborales directas. El informe alerta además que la parálisis alcanza a prestaciones comunitarias clave —como la distribución de agua potable, energía eléctrica, gas e internet— en pequeñas localidades y zonas rurales donde el sistema cooperativo constituye la única oferta del servicio.
La controversia por los fondos del FONEDU
El trabajo del Instituto Cecilia Grierson pone el foco en la paradoja sobre el financiamiento del INAES. Mediante el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (FONEDU, Ley 23.427), las entidades aportan recursos específicos destinados por ley al fomento del sector.
Aportes realizados (ene 2024 - ago 2026): $171.664 millones.
Ejecución presupuestaria del INAES: $46.336 millones.
Remanente sin aplicar: $125.328 millones.
Para el ejercicio 2027, el proyecto de Presupuesto proyecta una recaudación de $169.516 millones para el FONEDU, contrastando con un gasto autorizado para el organismo de apenas $24.706 millones. Adicionalmente, el documento remarca que entre 2023 y 2026 la partida real orientada a la promoción y capacitación cayó un 57,22%, mientras que los gastos de conducción y administración interna treparon un 40,88%.
Propuestas de regularización
Ante este escenario, representaciones del sector reclaman dejar sin efecto las suspensiones y disponer esquemas de regularización asistida. Entre las medidas propuestas por COOPERAR figuran:
Plazos extendidos: Establecer un programa de regularización con moratorias de hasta 23 meses.
Auditorías gratuitas: Proveer asistencia contable externa sin cargo para las entidades sin capacidad de pago.
Redistribución de fondos: Modificar la Ley 23.427 para coparticipar la recaudación del FONEDU con las provincias y canalizar recursos a través de las federaciones para capacitación efectiva.
El informe concluye que una política fiscalizadora centrada exclusivamente en el régimen punitivo, desprovista de herramientas de acompañamiento y con subejecución de sus propios fondos de fomento, profundiza la vulnerabilidad de las organizaciones que sostienen el empleo y los servicios básicos en el interior del país.
