Un informe sobre el estado financiero de PAMI reveló un desfasaje presupuestario cercano a los 1,2 billones de pesos, situación que profundiza la crisis en las prestaciones, el suministro de medicamentos y la sustentabilidad de los prestadores en todo el país. La brecha económica se originó tras la eliminación del Impuesto País a fines de 2024, una caja que abastecía de manera directa a la obra social de los jubilados y que, según fuentes del sector, el Palacio de Hacienda se había comprometido a compensar mediante envíos del Tesoro Nacional.

De acuerdo con las estimaciones de recursos, la entidad hubiese percibido 2,8 billones de pesos a través del tributo derogado. Sin embargo, las transferencias presupuestarias dispuestas por el ministro de Economía, Luis Caputo, alcanzarán únicamente los 1,6 billones de pesos. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) constató esta retracción al detallar que hasta julio la asistencia financiera al organismo sumó 0,9 billones de pesos, lo que representa una caída real del 28,7% en comparación con el mismo período de 2025.

El ajuste sobre la estructura del instituto repercute en el cierre de establecimientos de salud y en un deterioro generalizado del servicio en diversas provincias. A modo de ejemplo, el Sanatorio Concordia en Entre Ríos dejó de atender a unos 15 mil afiliados, mientras que en la Patagonia y en Buenos Aires se multiplican los reclamos por falta de insumos y cobertura. Sobre este escenario, desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios entrerriana señalaron que los aranceles prestacionales requieren un incremento superior al 100% para evitar el colapso del sistema.

En el ámbito neuquino, el desfinanciamiento nacional impulsó la presentación de un proyecto en la Legislatura provincial por parte de los diputados Darío Martínez y Darío Peralta. La iniciativa exige al Poder Ejecutivo Nacional que garantice la continuidad y la calidad de los servicios de PAMI en el territorio de Neuquén, al tiempo que denuncia la existencia de una deuda acumulada con los centros médicos privados de la provincia que asciende a los 1.500 millones de pesos.

La crisis generó un marcado contraste interno dentro de la administración central. Por un lado, la postura del ministro de Salud, Mario Lugones, se inclina por no intervenir ni solicitar giros extraordinarios ante Economía para sostener a las clínicas en quiebra. Por otro lado, en el ala política del oficialismo preocupa el costo electoral de esta coyuntura de cara a las legislativas de 2027, advirtiendo un eventual desgaste de la adhesión en el padrón de los adultos mayores.