La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) comenzó a aplicar un severo esquema de fiscalización y cobro electrónico que afecta directamente la operatoria de las pequeñas y medianas empresas.

En declaraciones brindadas al programa La Voz En Vivo, el abogado y contador tributarista Nicolás Bogliones detalló los alcances del nuevo procedimiento, el cual activa intimaciones judiciales y bloqueos bancarios ante atrasos en obligaciones básicas como el IVA o las cargas sociales.

El mecanismo se inicia mediante una intimación en el domicilio fiscal electrónico que otorga apenas dos días para regularizar el pago. Transcurrido ese plazo sin cancelarse la deuda, el expediente pasa a la vía judicial con la suma de intereses y honorarios profesionales. Notificada la demanda, el contribuyente cuenta con cinco días para abonar; de lo contrario, el organismo solicita el embargo preventivo de sus cuentas bancarias. "El bloqueo de cuenta lo hace inoperativo; hoy no hay efectivo para realizar las operaciones y la mayoría son bancarizadas", advirtió Bogliones al referirse al impacto inmediato sobre la producción y la venta.

El especialista remarcó que la liberación de los fondos embargados demanda hasta 48 horas hábiles tras la cancelación de la deuda e implica un costo adicional de entre el 8% y el 10% en concepto de honorarios legales. Asimismo, señaló que finalizadas las suspensiones de ejecuciones que rigieron hasta fines de 2023 —las cuales hoy solo alcanzan a entidades de salud y de bien público—, la rigidez del sistema impone un cambio cultural definitivo en el cumplimiento impositivo que perjudica al sector formal en un contexto de caída del consumo.