Las centrales sindicales enviaron un pedido formal a la Secretaría de Trabajo para exigir que la convocatoria del viernes abandone el formato virtual y permita una discusión "cara a cara". Argumentan la pérdida acelerada del poder adquisitivo y el incremento de la precarización. Desde la Casa Rosada relativizan el reclamo señalando que el salario mínimo sólo impacta de forma directa al 0,2% del empleo registrado.
Un nuevo foco de conflicto se abrió entre el sindicalismo y el Poder Ejecutivo en la antesala de la discusión por la actualización de los ingresos en la Argentina. La Confederación General del Trabajo (CGT), en una acción coordinada con la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, presentó una nota formal ante la Secretaría de Trabajo para exigir que la sesión plenaria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) —prevista para este viernes 28 a las 12:30— no se realice mediante videoconferencia, sino de manera presencial.
La misiva fue remitida a la subsecretaria de Trabajo y presidenta alterna del organismo, Claudia Testa. En el texto, los dirigentes gremiales fundamentaron que el escenario de urgencia socioeconómica requiere un "intercambio directo, una negociación efectiva y la debida transparencia y legitimidad de lo que allí se resuelva". En caso de que la modalidad remota no pueda modificarse para la fecha estipulada, las centrales obreras solicitaron postergar formalmente el encuentro y convocar a una nueva fecha para debatir cara a cara.
Los argumentos gremiales: inflación, desempleo y recesión
El reclamo sindical se da en un contexto de fuerte pérdida de representatividad del monto actual del salario mínimo, fijado en $376.600. La cúpula de la CGT enfatizó que el formato a distancia atenta contra la profundidad que requiere la deliberación de este indicador socioeconómico:
Pérdida de poder adquisitivo: Los gremios advierten que las remuneraciones básicas vigentes no permiten cubrir la canasta básica alimentaria ni garantizan condiciones mínimas de subsistencia.
Destrucción de empleo formal: Alertan sobre la pérdida de puestos de trabajo registrados y la consiguiente migración hacia esquemas de precarización laboral o empleo "blue".
Impacto en el sector productivo: Argumentan que la parálisis de la actividad económica y el cierre de unidades productivas agravan la vulnerabilidad de las familias y complican la fijación de las prestaciones por desempleo, las cuales están atadas a la pauta que defina el Consejo.
El antecedente inmediato remite a noviembre pasado, cuando la falta de acuerdo entre empresarios, gremios y el Gobierno derivó en la intervención del Ejecutivo, que terminó fijando el monto del salario mínimo por decreto de forma escalonada.
La respuesta oficial: un parámetro con escaso impacto directo en los sueldos
Ante la escalada del reclamo, desde el Gobierno nacional difundieron una serie de estimaciones técnicas destinadas a minimizar la centralidad del SMVM dentro de la estructura de salarios formales del país.
Según el informe oficial difundido por la cartera laboral:
Baja incidencia en el trabajo registrado: Menos del 0,2% de los trabajadores con empleo asalariado formal (tanto en el sector privado como en la administración pública nacional) percibe remuneraciones por debajo del piso fijado por el Consejo.
Alcance general: Si se contempla el total de la población asalariada, aquellos que cobran por debajo del haber mínimo representan un 1%.
Rol de los convenios colectivos: Para el Ejecutivo, la función primordial de establecer pisos salariales reales queda delegada en la negociación paritaria de cada sector productivo, dada la alta cobertura que poseen los convenios colectivos en el ámbito formal.
El verdadero peso del haber mínimo
Pese a los argumentos del Ejecutivo sobre su escasa gravitación en los salarios privados convencionados, el salario mínimo continúa funcionando como un ancla clave para otras prestaciones estatales y subsidios del sistema de seguridad social.
Su actualización automática fija el piso del 82% móvil para las jubilaciones mínimas de quienes completaron los 30 años de aportes efectivos, sirve como parámetro para el cálculo de los montos asignados al Programa de Acompañamiento para el Egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE) y se utiliza como tope legal de ingresos (generalmente equivalente a tres sueldos mínimos) para que los sectores vulnerables puedan acceder a distintos programas de asistencia estatal.
