Un reciente informe elaborado por la Secretaría de Defensa del Consumidor de la CGT —perteneciente al gremio de Empleados Fiscales (AEFIP)— detalla el profundo impacto socioeconómico del actual modelo económico sobre los hogares argentinos, evidenciando una crisis de endeudamiento familiar generalizada.
Radiografía de la deuda familiar
Población afectada: El estudio revela que 19,4 millones de argentinos poseen deudas activas, lo que abarca al 58,7% de la población adulta del país.
Nivel de morosidad: Del total de endeudados, 4,9 millones se encuentran en situación de mora, una problemática impulsada fuertemente por los altos costos de financiación.
Saldo promedio: A partir de los microdatos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), se calcula un saldo deudor promedio de 4,7 millones de pesos por persona afectada.
El ciclo económico y el ajuste por los ingresos
El informe enmarca esta situación dentro de un escenario macroeconómico caracterizado por una inflación acumulada del 328,59% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, combinada con una pérdida sostenida del poder adquisitivo en los salarios del sector público y privado registrado.
Desde la perspectiva gremial, este proceso responde a una dinámica buscada por el plan económico oficial, bajo la premisa de que la demanda es inflacionaria:
"El ciclo se retroalimenta: la pérdida de poder adquisitivo contrae el consumo, la caída del consumo contrae la producción y las ventas, y ese enfriamiento vuelve sobre el empleo y sobre los ingresos de las familias."
El documento resume el deterioro financiero en un circuito de cuatro etapas:
Salarios que pierden frente a la inflación.
Contracción de las ventas y la producción.
Necesidad de las familias de endeudarse para compensar la caída de ingresos.
Tasas de financiación anuales elevadas (estimadas en un 115%) que derivan en un aumento de la morosidad.
Los pedidos de la CGT al Ministerio de Economía
En el marco de una movilización hacia el Palacio de Hacienda, la central obrera entregó un documento formal en el que exige la implementación de tres medidas concretas para frenar el impacto en las familias y el sector productivo:
Regulación de tasas del BCRA: Solicitan que el Banco Central cumpla con su rol de control sobre las tasas de interés aplicadas a préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y cualquier otro instrumento de endeudamiento para personas físicas.
Alivio para las PyMEs: Piden evaluar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas, cuyo capital de trabajo se encuentra comprometido, poniendo en riesgo la continuidad de su actividad y los puestos de trabajo.
Programa de refinanciación: Proponen la puesta en marcha de un plan orientado a sanear el alarmante nivel de morosidad, contemplando tasas de interés que guarden relación con la evolución real de los ingresos de los trabajadores.
