La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la planta "La China" de Granja Tres Arroyos (GTA), ubicada en Concepción del Uruguay, tras el envío masivo de 269 cesantías.

La medida administrativa retrotrae los despidos y obliga a la compañía a sentarse a negociar con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y el gremio de Molineros.

Estrategia judicial y rechazo a las indemnizaciones reducidasDurante la primera audiencia formal, el STIA desplegó una estrategia de doble vía:Responsabilidad patrimonial de los directivos: El gremio presentó un escrito para solicitar que se declare la responsabilidad individual, subsidiaria e ilimitada de los socios gerentes y accionistas mayoritarios.

Apoyándose en la Ley de Sociedades y el Código Civil y Comercial, buscan que los directivos respondan con sus bienes personales en caso de insolvencia de la empresa para cubrir los créditos laborales.

Impugnación del artículo 247: La organización sindical rechazó la pretensión de la firma avícola de liquidar las indemnizaciones al 50% utilizando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Desde el STIA argumentaron que la parálisis no responde a una crisis general del sector avícola, sino a decisiones administrativas de la propia conducción.

Propuestas gremiales para la reactivación

A pesar del endurecimiento en el plano legal, el secretario general de la filial local, Julio Chamorro, remarcó que la prioridad absoluta es recuperar las fuentes de trabajo en la planta —capaces de procesar miles de aves para exportación— y puso sobre la mesa alternativas de operatividad:

Esquema reducido:

Aceptar el funcionamiento inicial con un plantel menor de operarios (500 en lugar de los 750 originales), siempre que la compañía acredite técnicamente su situación financiera.

Rotación y retiros:

Negociar turnos rotativos entre la totalidad del personal o esquemas voluntarios.

Pago de deudas salariales:

Exigir para el próximo encuentro la cancelación parcial de los sueldos y aguinaldos adeudados, dado que los operarios arrastran meses sin percibir ingresos. Tras la audiencia que concluyó sin un acuerdo definitivo, la autoridad laboral dispuso un cuarto intermedio y convocó a una nueva reunión para el próximo 28 de agosto con el fin de destrabar el conflicto.