Un informe técnico de la consultora Qualy indica que la brecha respecto al índice oficial responde a la mayor incidencia de las tarifas, alquileres y transporte en los gastos de los hogares.
La decisión del Poder Ejecutivo de suspender la implementación del nuevo esquema del Índice de Precios al Consumidor (IPC) genera debate sobre el impacto real en las mediciones oficiales. Según un relevamiento elaborado por la firma Qualy, si se hubiera aplicado la ponderación proyectada para este año, la variación de precios acumulada desde fines de 2023 sería 15,5 puntos porcentuales superior a la informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El análisis señala que, bajo el esquema metodológico postergado, la suba general de precios habría alcanzado un 344,3% desde diciembre de 2023, en lugar del 328,8% registrado por el indicador vigente. Si bien las variaciones mensuales muestran divergencias acotadas, la suma de los períodos amplifica la distancia entre ambos registros.
Cambios en la ponderación de gastos
El diferencial entre ambos métodos reside en la distribución de las canastas de consumo y no en los artículos relevados:
·Esquema vigente: Mantiene como referencia la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05, ajustada por la evolución de los precios relativos.
·Metodología postergada: Incorpora la estructura de la ENGHo 2017/18, la cual otorga una mayor carga al rubro de servicios regulados y vivienda.
Durante el período analizado, los incrementos aplicados a las tarifas energéticas, el transporte público y los alquileres registraron un ritmo superior al promedio general. Al tener un peso relativo más elevado en la canasta de 2017/18, estos ajustes impactan de manera más directa en el cálculo final de la inflación.
El debate metodológico
La actualización del IPC con la encuesta de gastos de 2017/18 había sido programada a fines de 2025 para debutar en las mediciones del inicio de 2026. La posterior postergación de la medida derivó en cambios en la conducción del organismo estadístico y reavivó discusiones entre economistas sobre la representatividad de las cifras públicas en el poder adquisitivo actual.
