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El problema de las pequeñas y medianas industrias ya no se limita a la histórica caída del consumo. Un reciente informe revela que 6 de cada 10 firmas padecen retrasos en los pagos de sus compradores, un fenómeno que asfixia la liquidez operativa en plena apertura de importaciones.

BUENOS AIRES.– El escenario económico para las pequeñas y medianas empresas (PyME) del país ingresó en una fase de marcada vulnerabilidad financiera, sumando una preocupante parálisis en la cadena de cobros al ya resentido nivel de actividad. De acuerdo con los datos presentados en junio por el Observatorio Pyme, el porcentaje de industrias afectadas por retrasos en los pagos de sus clientes trepó del 35% al 60% en el último año. Esta duplicación en apenas doce meses expone que las dificultades actuales van más allá de la pérdida de clientes: el verdadero desafío radica en lograr que las operaciones concretadas se transformen en dinero en efectivo.

La gravedad del cuadro se ve potenciada por el escaso margen de espalda financiera y las restricciones de acceso al crédito que caracterizan a este segmento empresarial. Al no poder percibir sus ingresos en tiempo y forma, las firmas ven seriamente comprometida su capacidad diaria para adquirir insumos, abonar sueldos y cumplir con los compromisos ante sus propios proveedores.
Plazos asimétricos e incobrables

En sintonía con este diagnóstico, un relevamiento federal efectuado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) entre más de 250 compañías determinó que 7 de cada 10 organizaciones sufrieron la extensión unilateral de las fechas de pago por parte de sus compradores.

El estudio de ENAC puso de relieve una peligrosa asimetría financiera: mientras que casi el 40% de las PyME se ve obligada a cobrar a plazos que superan los 60 días, ellas deben liquidar sus deudas con proveedores en un promedio de 30 días. Esta brecha de un mes obliga a las empresas a autofinanciar sus operaciones cotidianas con capital propio, desgastando su solvencia y poniendo en riesgo su continuidad en el mercado. Asimismo, más de la mitad de las encuestadas reportó mayores niveles de incumplimiento y casi un 30% registró directamente deudas incobrables, lo que se traduce en pérdidas económicas netas.
Radiografía de la recesión industrial

El bache financiero se acopla a un proceso de contracción estructural que arrastra el sector. Las principales variables relevadas arrojan indicadores críticos:

Desplome de la demanda: La reducción en los niveles de facturación encabeza el listado de alertas operativas, afectando al 83% de los casos evaluados (el máximo registro histórico de la serie).

Rentabilidad en declive: El balance financiero desmejoró para 7 de cada 10 firmas comerciales, en gran medida debido a que los costos fijos —con tarifas energéticas a la cabeza— subieron a un ritmo superior al de los precios de venta.

Recortes en producción y empleo: Durante el primer trimestre del año, la manufactura PyME experimentó una contracción interanual del 9,2%. Con este resultado, el empleo en el sector sumó su decimotercer trimestre consecutivo en terreno negativo.

Insumos más caros: El 67% de los industriales remarcó que el encarecimiento de las materias primas representa uno de sus obstáculos principales, alcanzando el techo más alto desde comienzos de 2024.

El fenómeno de la reconversión forzada: de producir a importar

El nuevo paradigma económico generó un viraje silencioso pero profundo en la estrategia de supervivencia de varias compañías nacionales. Ante el retroceso de la fabricación propia y la flexibilización del comercio exterior, el estudio detectó que las firmas que comercializan productos terminados del extranjero obtuvieron saldos comerciales notablemente más favorables que aquellas dedicadas a la producción local.

Dentro del reducido universo de empresas que lograron expandir sus ventas, el beneficio estuvo liderado por los artículos importados. El 24% de las firmas que introducen bienes de origen externo (con fuerte incidencia de manufacturas procedentes de China) reportó incrementos en su facturación, superando por 10 puntos porcentuales el rendimiento de las PyME que ofrecen artículos de confección nacional.

Esta asimetría en los rendimientos alimentó el recelo del sector frente a la competencia externa. La preocupación por el ingreso de mercadería extranjera se disparó del 25% al 46% en doce meses. Como respuesta a este escenario, el 59% de los empresarios industriales elevó un reclamo formal al Estado exigiendo el diseño de políticas públicas que pongan freno a la competencia desleal, un indicador que se ubicaba en torno al 40% tres trimestres atrás.