El Poder Ejecutivo busca acelerar las licitaciones y concesiones amparadas en la Ley Bases antes de diciembre. Tras haber obtenido más de USD 1.000 millones en las primeras operaciones, el objetivo de la gestión económica es duplicar o triplicar esos ingresos antes del cierre del año.
BUENOS AIRES.– La hoja de ruta oficial para el traspaso de activos estatales al sector privado cobró un fuerte impulso en las últimas semanas. Siete compañías dependientes del Estado se encuentran en diferentes fases del proceso de licitación, con el firme propósito de concluir el grueso de los expedientes antes de que finalice el año. El secretario de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, junto con el viceministro de Economía, José Luis Daza, proyectan un ingreso complementario de entre USD 2.000 y USD 3.000 millones derivados de estas transferencias.
Hasta el momento, las arcas públicas registraron un ingreso consolidado de USD 1.081 millones por operaciones previas en los rubros de energía y metalurgia. Este monto incluye:
Los USD 27 millones recaudados por la transferencia de IMPSA a la firma ARC Energy en enero de 2025.
Los USD 700 millones correspondientes a la adjudicación de cuatro centrales hidroeléctricas en la región del Comahue.
Los USD 356 millones provenientes de la enajenación de Citelec (firma controlante de Transener) al consorcio Genneia-Edison Transmisión en abril pasado.
Según explicaron fuentes oficiales, estos fondos no se integraron al Tesoro, sino que fueron canalizados de forma inmediata para afrontar deudas vigentes con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tenedores de bonos.
Los expedientes prioritarios: Agua, transporte e infraestructura vial
1. AySA (Agua y Saneamientos Argentinos)
La desestatización de la prestadora de agua potable es una de las que presenta mayor dinamismo. Los pliegos vigentes estipulan la venta del 90% del paquete accionario de la firma, resguardando un 10% para los empleados bajo el formato de Programa de Propiedad Participada (PPP).
El plan económico prevé transferir una mayoría del 51% a un operador del rubro y licitar las acciones remanentes en las bolsas y mercados de capitales. En los despachos oficiales estiman una recaudación cercana a los USD 500 millones. Entre los consorcios interesados figuran capitales locales como el Grupo Roggio, Edison Energía y Mauricio Filibert, junto con operadores internacionales como las brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento, y la chilena Aguas Andinas. La presentación formal de ofertas está programada para el 27 de agosto.
2. Intercargo
El proceso licitatorio de la firma proveedora de servicios de rampa aeroportuaria experimentó una nueva postergación. Mediante la Resolución 833/2026 del Ministerio de Economía, la fecha de apertura de la Etapa N° 1 de sobres se trasladó para este jueves 25 de junio.
La compulsa mantiene una base mínima de USD 45,1 millones por la totalidad de la compañía. Esta valuación generó controversia técnica en los mercados debido a que los propios balances oficiales enviados al Congreso reflejan que Intercargo cuenta con un activo corriente de USD 55 millones, de los cuales USD 38,5 millones corresponden a inversiones líquidas y efectivo. Actualmente, tres firmas formalizaron su interés: la local Escalum (de Horacio Paolini), el holding nacional Grupo GPS y la corporación francesa Alyzia. En tanto, la multinacional suiza Swissport ratificó que declinó formar parte de la licitación.
3. Belgrano Cargas
Es el proyecto que registra mayores demoras de índole técnica y administrativa, aunque desde la Casa Rosada aseguran que el lanzamiento es inminente. El diseño del esquema plantea fragmentar el sistema ferroviario en tres unidades independientes (líneas Belgrano, San Martín y Urquiza). Asimismo, las ofertas se estructurarán de manera desagregada para la operación, los talleres y la infraestructura de vías, bajo una lógica de libre acceso regulada por el pago de un peaje.
Complementariamente, el Poder Ejecutivo dispuso la comercialización del material rodante —vagones y locomotoras en desuso— a través del Decreto 282/2026. Alejandro Núñez, presidente de Trenes Argentinos Cargas, proyectó que esta venta específica aportará entre USD 400 y USD 500 millones, capital que se destinará de forma exclusiva a un fideicomiso para la reparación y modernización del tendido de vías.
Centrales nucleares, energía y recursos mineros
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA): La operadora de las plantas atómicas se encuentra en fase de reordenamiento administrativo. Diego Chaher cuestionó con dureza la estructura actual de la firma al remarcar que cuenta con una planta de 3.000 empleados cuando, según su criterio, las tres centrales activas podrían ser gestionadas con 600 operarios cada una. El funcionario calificó a la firma como una estructura "inviable" bajo el monopolio exclusivo del Estado.
YCRT y SOFSA: Tanto los yacimientos de carbón de Río Turbio como la operadora ferroviaria de pasajeros integran la planificación oficial, previendo avances significativos en sus pliegos antes de que concluya el año en curso.
Enarsa: Las próximas etapas de privatización por bloques contemplan la concesión de las centrales termoeléctricas restantes (como Manuel Belgrano y General San Martín), el gasoducto troncal y las represas hidroeléctricas pendientes de adjudicación.
Adjudicaciones resueltas: Rutas e Hidrovía
Corredores Viales: Bajo las directrices del Decreto 411/2026, la administración nacional avanzó en la adjudicación por tramos de la Red Federal de Concesiones. La Etapa II-A, que comprende más de 1.800 kilómetros de corredores nacionales, ya fue transferida a operadores privados para funcionar prescindiendo de subsidios estatales.
Hidrovía Paraná-Paraguay: El estratégico canal navegable por el que circula el 80% de las exportaciones del país quedó concesionado por un plazo de 25 años al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus. El acuerdo establece una reducción de costos de logística del 13,5% y obliga a las empresas a asumir los riesgos comerciales de dragado y modernización sin aval del Estado, garantizándoles una rentabilidad mínima del 6%. El contrato final será rubricado en los próximos 30 días.
El caso excepcional de Fabricaciones Militares
A diferencia del resto de las firmas estatales, Fabricaciones Militares (FM) fue excluida del listado de privatizaciones de la Ley Bases. El Ministerio de Economía descartó su venta total o parcial, optando en su lugar por un concurso público para incorporar socios industriales estratégicos que aporten capital y tecnología en cuatro divisiones operativas: municiones, metalmecánica de defensa, químicos e insumos de pólvora y explosivos. La pauta excluyente del pliego determina que el abastecimiento y los requerimientos de las Fuerzas Armadas argentinas mantendrán prioridad absoluta en la cadena de producción.
