A través de resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, se desactivaron los marcos legales de planes de consumo extinguidos, controles al sector triguero y las restricciones sobre los aranceles de colegios privados. La gestión central ya suma 240 normativas eliminadas desde el inicio de su mandato.
En la continuidad de su programa de flexibilización y desburocratización del Estado, la administración central dejó sin efecto un paquete de 58 regulaciones que regían sobre el mercado doméstico. Las medidas quedaron oficializadas este martes mediante la publicación de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 en el Boletín Oficial, bajo la premisa oficial de remover obstáculos burocráticos, suprimir distorsiones comerciales y dotar de mayor previsibilidad jurídica a las operaciones económicas.
Desde los despachos gubernamentales fundamentaron la decisión señalando que el entramado de normativas intervenidas presentaba severas obsolescencias, carecía de finalidad práctica en el escenario actual o, en su defecto, generaba interferencias perjudiciales en la libre fijación de precios y la asignación de recursos.
Fin del andamiaje para el trigo y programas de consumo
Una de las áreas con mayor impacto es el sector agroindustrial, donde se determinó la baja de 22 resoluciones vinculadas al denominado Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA). Las autoridades explicaron que, al haberse rescindido el contrato original y avanzado con la liquidación definitiva de dicho fideicomiso estatal, toda la arquitectura jurídica complementaria que sostenía su operatividad perdió sustento legal y objeto de aplicación.
Por otra parte, el apagón regulatorio alcanzó a 30 normativas asociadas a los extintos programas de financiamiento Ahora 12 y Cuota Simple, sumado a un régimen remanente de Precios Cuidados. El texto oficial argumenta que estas iniciativas de fomento a la demanda perdieron vigencia al no ser prorrogadas, una determinación que se alinea con la estrategia oficial de normalizar el sistema de crédito privado y desmantelar los subsidios cruzados que afectaban las tasas del mercado.
Cambios en colegios privados y defensa del consumidor
La reforma también introduce modificaciones sustanciales para el sector educativo de gestión privada. A partir de ahora, quedan anuladas cuatro normativas que imponían a las instituciones de enseñanza la obligación de declarar de forma anticipada sus estructuras arancelarias ante el Estado. Según el criterio del Ejecutivo, este esquema de autorizaciones previas terminaba incentivando subas preventivas y arbitrarias por parte de las escuelas, limitando su capacidad de respuesta ante las variaciones de costos operativos y sumando incertidumbre financiera a las entidades.
Finalmente, en materia de reclamos comerciales, se eliminó un marco regulatorio que creaba instancias de atención duplicadas para consumidores adolescentes. Desde el área de comercio justificaron la supresión de esta oficina argumentando que las competencias se superponían con los canales generales ya existentes, por lo que la unificación de los procesos permitirá centralizar las denuncias en una vía especializada que asegure resoluciones más veloces.
Con este nuevo paquete de medidas, la Secretaría de Industria, Comercio y PyME contabiliza un total de 240 normativas comerciales derogadas desde diciembre de 2023, consolidando la tendencia hacia la simplificación del andamiaje administrativo del país.
